Las CCAA del PP votan a favor del reparto de 347 menores migrantes pero no se pronuncian sobre la reforma de Extranjería

Así, Gobierno y comunidades autónomas han aprobado en el encuentro, que ha tenido lugar en Tenerife, el reparto voluntario de 347 menores migrantes, que ha contado con la abstención de Cataluña. Se trata de un cupo acordado en 2022 con 20 millones de euros, que no corresponde a la emergencia migratoria actual.

Por lo tanto, según lo acordado, Andalucía acogería a 30 menores, Aragón 20, Asturias 24, Baleares 10, Cantabria 29, Castilla y León 21, Castilla-La Mancha 20, Cataluña 31, Comunidad Valenciana 23, Extremadura 30, Galicia 26, Madrid 30, Murcia 16, Navarra 15, País Vasco 18 y La Rioja 4.

Precisamente, debido a la decisión de los 'populares' de aprobar este reparto voluntario de migrantes, Vox ha anunciado que celebrará este jueves una convocatoria urgente y extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional para acordar «los próximos pasos» en los gobiernos autonómicos con el PP.

SIN ACUERDO PARA LA REFORMA DE LA LEY DE EXTRANJERÍA

Por otro lado, las comunidades gobernadas por el PP han criticado en la reunión que el texto de modificación de la reforma de la Ley de Extranjería fue recibido este martes por la tarde y que sus departamentos no han tenido «tiempo suficiente para su estudio». En todo caso, han matizado que la Conferencia Sectorial no tiene competencias sobre el mismo, que reside en las Cortes, por lo que no será sometido a votación.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha lamentado que «tras un año de inacción» ante la «crisis migratoria» el Gobierno de España haya decidido «endosar» a las autonomías «otro problema», en este caso mediante «un reparto impuesto» que «no soluciona nada». También ha reclamado al Gobierno que convoque una Conferencia de Presidentes, declare «de una vez» la emergencia migratoria, exija «la implicación de la Unión Europea», refuerce Frontex, actúe «en los países de origen» de las rutas migratorias y «ponga coto a las escalas fraudulentas en el Aeropuerto de Barajas».

La consejera ha alertado además de que la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería que plantea el Ejecutivo para el traslado automático de menores desde las autonomías de llegada «puede ser inconstitucional», ya que «estaría invadiendo competencias autonómicas».

En la misma línea se ha mostrado Castilla y León, que ha pedido al Gobierno una política migratoria que «haga un control de fronteras» y tome «medidas en origen», «igual que se han aplicado por parte de otros países de la Unión Europea».

Asimismo, Extremadura ha pedido a los ministros de Juventud e Infancia y de Política Territorial, Sira Rego y Ángel Víctor Torres, que sean «consecuentes» y no digan en público que la responsabilidad de la reforma de la Ley de Extranjería es de las comunidades y en privado que no son competentes.

CANARIAS PIDE UN DECRETO LEY QUE PERMITA "ACTUAR YA"

Canarias ha insistido en que la solución para esta problemática es la aprobación por el Estado español de un decreto ley que permita «actuar ya», pues los servicios jurídicos de las comunidades autónomas aún tienen que estudiar el texto de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para presentar sus alegaciones.

Por su parte, Galicia también ha demandado la convocatoria de una Conferencia de Presidentes y ha exigido financiación por parte del Gobierno para atender a los menores hasta que abandonan el sistema de protección, además de solicitar garantías para que todas las comunidades autónomas participen en el reparto.

Por otro lado, Asturias ha indicado tras el encuentro que apoya la reforma de la Ley de Extranjería, porque «garantizará la atención y tutela a los menores inmigrantes no acompañados». Asimismo, ha asegurado que la asistencia a estos menores es «una responsabilidad del conjunto de España, de todas las comunidades autónomas», de manera que los derechos de los menores migrantes «estén garantizados».

Igualmente, Melilla ha expresado su solidaridad con Canarias y ha reclamado que se ayude a esta comunidad ante la sobreocupación que sufren sus centros por la incorporación de menores migrantes.

Por otro lado, Andalucía ha acusado al Gobierno central de «dejar tirados» a 454 menores enviados a la comunidad «camuflados como personas adultas y cuya minoría de edad se niega a reconocer». Así, ha exigido financiación para estos niños que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, a su juicio, ha traslado «por la puerta de atrás con irresponsabilidad y falta de humanidad».

Baleares ha advertido al Ejecutivo central que no está en condiciones de poder seguir acogiendo a menores migrantes no acompañados. Así, ha argumentado que actualmente en el archipiélago se presta atención a 306 menores extranjeros no acompañados, lo que supone una sobreocupación del 650% por encima de su capacidad.

Por el contrario, Cataluña, que ha sido la única comunidad que se ha abstenido al reparto voluntario de los 347 menores migrantes, ha dicho que «hay que dejar de tener una política de parches en esta materia, hay que tener una política seria, pensada en el medio y largo plazo, ordenada, que afronte las cuestiones vinculadas a qué sucede cuando estos jóvenes llegan a la mayoría de edad».

Por su parte, el Gobierno ha lamentado tras la Conferencia Sectorial que el Partido Popular no se manifieste sobre la reforma de la Ley de Extranjería y ha dicho que «solo falta la voluntad política».

EL GOBIERNO QUIERE ELEGIR A QUÉ CC.AA ENVÍA A LOS MENORES

Según se desprende del texto de la reforma de la Ley de Extranjería, el Gobierno quiere poder elegir, a través de un órgano competente de la Administración General del Estado, cuál debe ser la Comunidad Autónoma a la que se traslade a los menores migrantes no acompañados.

Asimismo, añade que esta situación se dará siempre que se produzca una sobreocupación del 150% respecto del número de plazas disponibles en el sistema de protección de personas migrantes menores de edad no acompañadas. La iniciativa, para su debate en el Parlamento, no recoge en principio ninguna dotación económica para llevar a cabo este nuevo sistema de reparto.

Concretamente, establece que en Canarias el número de plazas disponibles es de 2.000, por lo que sería 3.000 la cifra que determinaría la existencia de sobreocupación, una situación que ya se produce en estos momentos. Mientras, en Ceuta sería de 88 y 132 y, en Melilla, de 166 y 249.

Además, según la propuesta del Gobierno, se establecerá un periodo transitorio en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias y las Ciudades de Ceuta y Melilla, para el traslado de menores migrantes solos que a la entrada en vigor de la presente ley se encuentren ya en Canarias, Ceuta y Melilla y formen parte de la sobreocupación en el sistema de protección. Una vez idenfitificadas, deberán ser trasladadas en el plazo máximo de un año.