El Supremo reabre el proceso contra Camps por los regalos de la 'trama Gürtel'

El Tribunal Supremo (TS) ordenó ayer al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) que siga investigando la parte del 'caso Gürtel' que afecta al presidente de esa comunidad, Francisco Camps, y a otros altos cargos de la Administración y del PP valenciano por recibir regalos de la trama.
Así lo acordó el Supremo, que ha estimado, por unanimidad, el recurso del Ministerio Fiscal y del PSPV-PSOE contra el auto del TSJ valenciano que archivó esta causa, resolución que anula parcialmente.
El TS reabre la causa y devuelve las actuaciones al magistrado instructor, José Flors, que tendrá que continuar la tramitación de ésta contra Camps; el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa; el ex vicepresidente del gobierno valenciano Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo Rafael Betoret, quienes aceptaron supuestamente prendas de vestir abonadas por Orange Market, una de las empresas de la trama dirigida por Francisco Correa.
En agosto el TSJCV archivó el procedimiento contra los cuatro al estimar que no había relación entre los «agasajos» y la adjudicación de contratos a Orange Market.
Recursos
Este tribunal -que estimó los recursos de los imputados contra el auto del magistrado instructor del caso, José Flors- argumentó que ninguna conclusión extraída de la fase de instrucción puede tener el grado de «certeza», ya que «no cabe descartar otras posibles versiones de los hechos», como las sostenidas por los imputados. Además, concluyó que tampoco había constancia «de que los agasajos fueran la causa determinante de esa concreta adjudicación».
El auto del Tribunal Superior contó con el voto particular de uno de los magistrados, Juan Montero, que cuestionó la interpretación que sus dos compañeros (el presidente del Tribunal, Juan Luis de la Rúa, y José Francisco Ceres Montés) habían dado al artículo 426 del Código Penal (sobre el delito de cohecho impropio) y dijo no estar «convencido» de que los hechos no fueran constitutivos de delito.
Tanto el PSPV-PSOE como el Ministerio Fiscal basaron sus recursos en este argumento porque consideran que el TSJCV ha hecho una interpretación errónea.