El colectivo de presos, que no concreta las medidas que llevará a cabo, afirma que pone su «fuerza» para que el conflicto se solucione siguiendo «perspectivas políticas y democráticas».
En este sentido, denuncia «represión» y asegura que es necesario abrir un «proceso democrático fuerte en Euskal Herria». EPPK afirma que el pueblo vasco necesita «obligar a los dos estados» a desarrollar una política penitenciaria «basada sólo en principios democráticos, abandonando la política de dispersión y reconociendo el carácter político de los presos vascos».
«Nuestro estatus político debe ser reconocido de forma oficial y positiva para ser repatriados a Euskal Herria con todos nuestros derechos respetados», precisa. El colectivo de presos de ETA señala, por último, que viene desarrollando una «dinámica política permanente en todas las cárceles en los últimos años» y añade que, con la nueva iniciativa, quiere dar «un impulso a nuestra dinámica de lucha».
Por otra parte, fuentes judiciales informan de que el entramado juvenil Segi, que fue ilegalizado por su vinculación con la banda terrorista ETA, creó la organización Sarea, dedicada a captar adeptos. Para ello, ordenó elaborar listas de jóvenes que podrían ser atraídos a la organización e incluyó algunas recomendaciones para identificar a estos jóvenes, recordando que han ido con ellos a la escuela, que visten sus camisetas o van a la taberna del pueblo.
Como si de una secta se tratase, se plantea toda una estrategia «a largo plazo» con el fin de estructurar una «base social juvenil» mediante la captación de jóvenes, a los que recuerdan que la «militancia» es «una forma de vida». Para ello, proponen fomentar la «cercanía» y tener una «relación y comunicación diaria con el ámbito juvenil».
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