Una sentencia emitida el 7 de abril del pasado mes por el Juzgado
de Instrucción número 2 de Palma reconoció la titularidad privada
de cinco torres de defensa situadas en las Pitiüses -las de ses
Portes, es Carregador, Xarraca, d'en Rovira y es Savinar-,
otorgando la potestad de otras cuatro -Campanitx, s'Espardell,
Balansat y sa Torreta- a la Administración Central. La Abogacía del
Estado, a través del letrado destacado en Balears, Francisco
Medina, ha decidido emitir un recurso de apelación ante esta
sentencia.
De este modo, el contencioso será visto en una sesión civil de
la Audiencia Provincial, en una fecha aún por determinar, para que
ésta decida si el recurso es aceptado o no. Según Francisco Medina,
este trámite puede ocupar unos dos años de tiempo, ya que «hay
mucha acumulación de asuntos en los juzgados».
Pero aunque la iniciativa ante la Audiencia Provincial no llegue
a buen fin -o sea, que este tribunal rechace la apelación-, el
Estado aún podrá, mediante un recurso de casación, llevar el
contencioso ante el Tribunal Supremo. «Si la apelación no fuera
admitida elaboraríamos un recurso de casación y el caso pasaría a
la Abogacía del Estado en el Tribunal Supremo, en Madrid. Mis
competencias terminan ante los tribunales de Balears», especificó
ayer a Ultima Hora Ibiza y Formentera Francisco
Medina.
El contencioso sobre la propiedad de las torres de defensa que
hay en las islas de Eivissa y Formentera dio comienzo en 1982,
cuando la Abogacía del Estado la interpuso por vez primera.
Francisco Medina se hizo cargo del caso a finales de los años
ochenta. «Es un pleito muy trabajoso y quizá uno de los más
antiguos de Balears hoy en día», apuntó Francisco Medina.
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