Es decir, que tendrá la primera palabra (y la posibilidad de compra; aunque eso dependerá de su disponibilidad presupuestaria) en las promociones procedentes de fondos inmobiliarios de los bancos. Así lo establece el decreto de ley con medidas urgentes en materia de vivienda que este viernes aprobó el Ejecutivo.
«El decreto no resuelve por sí sólo el problema de falta de vivienda pero es un paso muy importante, que se complementará con otras medidas», dijo el conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons.
El decreto, que se publicará la próxima semana, será luego convalidado por el Parlament. No se tramitará como ley ni recogerá cambios sobre el texto que se aprobó este viernes.
La normativa contempla ampliar el derecho de tanteo y retracto a favor del Govern de manera que podrá adquirir de forma preferente si –por ejemplo– el banco quiere venderlo a fondos de inversión (conocidos como fondos buitre) o a sociedades inmobiliarias.
Adiós a los pagos en B
Sobre el papel, aunque nadie en el Govern lo admite de forma pública, esto supondría impedir pagos en B ya que cualquier operación que implicase al Ejecutivo requeriría total transparencia.
La nueva normativa no afecta sólo a la vivienda protegida, sino que se extiende al régimen general. Desaparece el régimen que permitía construir VPO a precios más altos y todos serán de régimen general a un precio asequible. El decreto también faculta al Govern a ejercer el tanteo y retracto cuando se vendan edificios con inquilinos dentro.
Otras de la peculiaridad del decreto es que podrán construirse más VPO a partir de edificaciones con licencia caducada. De manera voluntaria, se podrán acoger a una nueva licencia. Así, se aprovecharían para viviendas, edificaciones que quedaron a medio terminar durante la crisis.
Como planteamiento general, el decreto responde a la necesidad generalizada de vivienda a la cual el mercado no está dando respuesta y a factores distorsionadores del mercado, como el alquiler turístico, que han impuesto un incremento de precios, tanto de compraventa como de alquiler, que hacen muy complicado el acceso a la vivienda.
Según el Govern, el incremento del parque público de viviendas tendrá como efecto colateral una posible mejora de precios en el mercado de vivienda libre
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