El presidente del Consell d’Eivissa en funciones y secretario general de la FSE-PSOE, Vicent Torres, declaró tras el pleno de la institución celebrado ayer que corresponde al partido vencedor de las elecciones llevar la iniciativa a la hora de iniciar conversaciones con el resto de formaciones políticas que han obtenido representación en el Consell. Salía así al paso de las informaciones publicadas en este periódico, en las que se da cuenta de que los socialistas aún albergan esperanzas de no perder el gobierno de las dos instituciones donde han sido superados en votos por el PP y donde los populares tienen opciones de conformar una mayoría de gobierno estable pactando con otras fuerzas políticas.
Respeto institucional.
Lo expresado por Torres es de puro sentido común, respetuoso con el resultado de las elecciones y además, de notable calado institucional. Comportarse de otro modo no sería leal con la ciudadanía ni tampoco coherente con lo que cabe esperar de un partido como el PSOE, que gobernará previsiblemente los próximos cuatro años tanto en el Gobierno de España como en el Govern de les Illes Balears. Solo en el caso de que el PP fracase en el intento de lograr los apoyos necesarios para la investidura de Vicent Marí en el Consell d’Eivissa y de Marcos Serra en el Ajuntament de Sant Antoni, la segunda fuerza más votada (el PSOE) estaría legitimado para intentarlo. Hay que reconocer y valorar la altura política del líder de los socialistas ibicencos.
Órdenes de fuera.
Es pronto aún para saber qué sucederá en las dos instituciones citadas. Ni Proposta per Eivissa ni Ciudadanos expresan con claridad sus intenciones ni sus preferencias. No descartan ninguna posibilidad y se remiten a las negociaciones formales que habrán de abordarse la semana próxima. Pero podría pensarse que lo que finalmente se vaya a hacer, se esté decidiendo en otras instancias, ajenas a Ibiza. De confirmarse, se trataría de algo muy difícil de explicar y menos aún de aceptar por los votantes. Lo que afecta a Ibiza, debe decidirse aquí. Y también constituiría un fraude a los ciudadanos, actuar contrariamente a lo que se ha asegurado durante la campaña.
