Vista aérea del poblado chabolista de Can Rova, ubicado en la zona de Can Negre.

La Audiencia Provincial de Baleares ha revocado la sentencia del Juzgado de Primera Instancia 5 de Ibiza, fallando a favor de los demandantes con un procedimiento de desahucio por precario contra la persona que explota este asentamiento ilegal de Can Rova, en la zona de Can Negre. La sentencia judicial, a la que ha tenido acceso este medio, determina que el demandado, el vecino de Ibiza A. C. R, debe desalojar este inmueble que «utiliza irregularmente de forma exclusiva, excluyente y abusiva». Este desalojo, estable la sentencia, debe realizarlo antes de la fase de lanzamiento o desalojo en el procedimiento de desahucio.

Además, establece que, en relación a las costas procesales, el demandado debe abonar el pago derivado en primera instancia. «El inmueble litigioso debe dejarlo libre a disposición de la parte actora bajo apercibimiento de que, de no hacerlo en el plazo que señale el Juzgado, se procederá al desalojo», determina la sentencia contra el demandado, el cual explota un terreno rústico en situación «irregular».
En este sentido, el resto de propietarios, que representan el 83, 33 % de propiedad sobre el total de este solar y sus bienes, reclamaron judicialmente la posesión de este terreno porque su hermano A. C. R. lo estaba ocupando «sin un título legítimo» para ello e incurriendo en ilegalidades. Entre ellas, según el escrito de denuncia, la utilización de un autobús como vivienda, alquileres contrarios a la normativa urbanística con el arrendamiento de parcelas a usuarios con tiendas de campañas o caravanas con el objetivo de «enriquecerse y aprovecharse de este terreno rústico; todo ello sin la previa autorización municipal para estas actividades».

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El Govern

Por otra parte, la Dirección General de Vivienda del Govern prevé abrir expediente sancionador al propietario del asentamiento ilegal. El inspector de la Dirección General de Vivienda del ejecutivo balear constató en una inspección que uno de los propietarios ha estado cobrando el alquiler de unas 70 infraviviendas a personas que viven en este asentamiento, según confirmó ayer la Conselleria balear de Vivienda.

La inspección, que tuvo lugar la pasada semana, se realizó junto a responsables de diferentes departamentos del Ayuntamiento de Santa Eulària como Servicios Sociales, Urbanismo, Medio Ambiente o Policía Local. A dichas inspecciones también acudieron agentes de la Guardia Civil en apoyo a la administración balear y municipal.