Rafael Rodríguez (I) y José Joaquín Fernández (D), ayer, en la última sesión del juicio. | Paco S. Pérez

«Han acabado conmigo, pero aquí sigo. Mi error fue ayudar a los jefes. Soy inocente y mi mujer también». Con estas palabras José Joaquín Fernández cerraba su turno de última palabra. Minutos antes, el principal acusado, Rafael Rodríguez, usó su turno de palabra para manifestar su arrepentimiento y pedir perdón. «Yo no cogí el dinero, solo abrí la puerta», esgrimió.

Pasaban unos minutos de la 12.00 horas cuando la titular del juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza, Martina Rodríguez, tras una vista oral de más de 35 horas y una treintena de testimonios, dejaba visto para sentencia el juicio por el robo de más de 2,7 millones de euros en el Grupo Empresas Matutes.

Una jornada más, Fernando Pamo de la Hoz, abogado de José Joaquín, se erigió en el protagonista de la sala con un informe de conclusiones en el que cargó contra la labor de las otras partes implicadas, la jueza, la representante fiscal y la Policía. Asimismo, solicitó que se deduzca testimonio contra el Grupo Empresas Matutes y Abel Matutes Juan «porque ha faltado a la verdad y el señor Matutes no es Dios (...) El servilismo de la Policía ha sido vergonzoso», denunció.

Además, solicitó la nulidad de todo lo aportado por Roger Sales, quien era el comisario accidental durante la investigación del robo y que «debió abstenerse» por una incompatibilidad laboral de su mujer.

Defensa a la imparcialidad

La intervención de la representante fiscal, Bárbara Moreno, arrancó con una defensa a la figura del juez imparcial. «Hemos sido tratados todos por igual y se ha respetado la práctica de todas las pruebas», remarcó antes de asegurar que «estamos ante un robo con fuerza con escalamiento y fractura de una caja fuerte con el método del oxicorte».

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Añadió que Rafael Rodríguez es el autor, según las pruebas (sus huellas estaban en la ventana y salía en las imágenes de las cámaras de seguridad) y su propia confesión.

Respecto a José Joaquín, indicó que a lo largo de la instrucción «no se ha podido acreditar su participación. Venía como encubridor, pero como ahora advertimos que hay ánimo de lucro calificamos los hechos como receptación. La huella en un paquete es la prueba objetiva y la versión que aportó sobre la segunda caja es falsa, es insostenible».

La fiscalía rebajó la petición de pena para Rafael R., a un año y nueve meses de prisión al tener en cuenta atenuantes como la confesión y colaboración con la Policía y la devolución del dinero. Para José Joaquín mantiene la petición de 21 meses y si finalmente es condenado por receptación deberá sumarse a la responsabilidad civil.

La acusación particular, que también solicita 12 meses de cárcel para la mujer de José Joaquín por encubridora, centró su intervención en criticar el «trato irrespetuoso» del representante legal de José Joaquín. En términos similares se expresó el letrado de Rafael Rodríguez. Además, insistió en que su representado no trabajaba para Matutes y pidió al tribunal que tenga en cuenta posibles dilaciones indebidas a la hora de fijar la condena.

Las conclusiones se cerraron con la intervención de Pamo de la Hoz, quien aseguró que durante todo el proceso «he echado de menos el Estado de derecho». El letrado hizo hincapié en que «nadie ha acreditado que falte dinero» y expresó su asombro por el hecho de que Rafael «no apuntó a José Joaquín en seis declaraciones anteriores y llega al juicio y afirma que Joaquín es el autor tras cerrar un pacto con la Fiscalía: ¡Qué casualidad!».

Ocho años después y tras cinco jornadas de juicio, el robo al Grupo Empresas Matutes ya espera sentencia.