Según informaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, H.R.M., de nacionalidad belga y 54 años, acpetó un acuerdo de conformidad que suponía un rebaja sustancial de la petición inicial del Ministerio Fiscal, que solicitaba dos años de prisión y multa de 3.000 euros.
Según el relato de acusación, los hechos se remontan a enero de 2014, cuando la empresa, localizada en Sant Carles, tenía una plantilla de 14 trabajadores, de los cuales 10 no habían sido dados a la Seguridad Social de alta en tiempo y forma, mientras que otros tres, que tampoco habían sido dados de alta, seguían cobrando el subsidio de desempleo a tiempo completo.
Los hechos son constitutivos de un delito de ocupación colectiva ilegal.
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