04/04/14 0:00
El Consell d’Eivissa y el Ayuntamiento de Vila confirmaron ayer a este periódico que no tienen intención de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears la sentencia del Juzgado de lo Social que obliga a estas dos instituciones (además de a los ayuntamiento de Sant Antoni y de Santa Eulària) a abonar parte de la paga extra suprimida a los funcionarios laborales. Concretamente, el fallo de la magistrada de lo Social de Eivissa sentencia que se deben pagar 44 días, es decir una media de 200 euros a cada uno de los trabajadores de las diferentes instituciones.
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