Juanjo Cardona, XicoTarrés y Patricia Abascal ayer en rueda de prensa.

El grupo PSOE-Pacte per Eivissa presentó ayer el análisis de los tres meses de gobierno de la máxima institución insular bajo el mandato de Vicent Serra.

Xico Tarrés señaló que el gobierno de Serra actúa «con alarmismo» y que las acusaciones sobre la mala situación económica que dejó el anterior Ejecutivo no están fundamentadas. «La deuda se situó en julio en 17,5 millones de euros, la más baja de todas las Islas. El Consell de Menorca es parecido al de Eivissa y tenía una deuda de 40 millones».

Uno de los puntos que más destaca la oposición del Consell son los recortes que se están haciendo y que se harán bajo «la excusa de que no hay dinero. Y esa excusa sirve para todo y afectará a muchos más trabajadores de los que han dicho». En este sentido, Patricia Abascal señaló que el que se vayan a eliminar contratos por obra y servicios tendrá como consecuencia que más gente se quede sin trabajo. «Hay muchos contratos de este tipo no sólo en esta casa sino en las escoletas municipales y residencias. Los recortes pueden afectar todavía a mucha gente».

La polémica

Sobre la venta de patrimonio, concretamente el polvorí de Santa Gertrudis, Tarrés afirmó que le «preocupa» que lo quieran vende-r: «Pero lo que más me preocupa es que no saben de lo que hablan porque, ¿se puede o no se puede vender? No se puede vender y es demostrable», señaló para añadir que la semana que viene explicarán por qué el polvorí no se puede vender. Sobre esto, el actual equipo de gobierno afirmó mediante comunicado que esta decisión está avalada por los servicios jurídicos y que es viable una vez hecho el trámite previo de desafectar los usos públicos.

La oposición recordó además el recorte de 10 millones de euros en materia sanitaria, el parón en la segunda fase del Palau de Congressos, el retraso en la apertura de la residencia de Sant Antoni (»que costó 12 millones de euros y tiene a 100 personas en lista de espera», según recordó Abascal), la decisión de llevar la UIB a la Comandancia en lugar de a Sa Coma «cuando saben de sobra que no caben todos los alumnos» y la petición del crédito ICO cuando al gobierno de Tarrés se le achacaba una excesiva dependencia de créditos para pagar facturas. El equipo de Serra afirma sobre estas cuestiones que el crédito ICO se pidió para pagar deudas y compromisos adquiridos sin tener presupuestos, que la UIB aceptó el traslado de la sede a la Comandancia y que la segunda fase del Palau de Congressos estuvo paralizada los cuatro años de gobierno de Tarrés, según el comunicado que emitieron ayer desde el Consell d'Eivissa.

Para Tarrés, el Consell d'Eivissa está «sometido» al Govern balear: «Eivissa tiene que tener un presidente que no esté sometido al Govern porque es importante que Eivissa se haga escuchar en Mallorca», señaló Tarrés, que recordó que las competencias de promoción turística continuarán en manos del Govern e incidió en la importancia de descentralizar competencias para realmente funcionar como una comunidad. A este respecto, el actual equipo de gobierno recordó que reivindicará el traspaso de competencias cuando mejore la situación económica actual.