El 90 por ciento de los bares y restaurantes de las Islas, que
cuentan con menos de cien metros cuadrados, continuarán aplicando
la ley autonómica «antitabaco» y no la nacional, que entra en vigor
el próximo 1 de enero, al entender el Govern que la normativa
balear defiende mejor, en este punto, los derechos de los no
fumadores.
Así lo confirmó ayer la consellera de Salut i Consum, Aina
Castillo, poco después de celebrar la quinta reunión de la comisión
de seguimiento de la ley autonómica de drogodependencias con la
patronal CAEB en Palma. Castillo anunció que ha encargado un
informe a los servicios jurídicos de la Comunitat Autònoma para que
«avale» la decisión del Ejecutivo autonómico, que responde a una
petición de los representantes de la patronal de la restauración y
la hostelería balear.
La consellera entiende que su resolución es legal y que
forzosamente prevalece la norma balear porque es más restrictiva
con el tabaco, ya que obliga a todos los bares y restaurantes que
deseen seguir teniendo clientes fumadores a habilitar dos zonas
diferenciadas, frente a la del Gobierno central, que establece esta
obligación sólo en los de más de 100 metros cuadrados.
«Aplicar la norma estatal es un paso atrás en la lucha a favor
de la salud pública», dijo ayer Castillo, y añadió que entiende el
por qué «se permite morir en los locales más pequeños» y «no en los
más grandes», partiendo de la premisa de que «el tabaco mata».
La consellera recordó que la mayoría de los establecimientos de
restauración de las Islas, aproximadamente el 90 por ciento, son de
menos de 100 metros cuadrados y que la mayor parte de estos ya ha
anunciado que permitirá fumar, teniendo en cuenta que la
legislación estatal da a los pequeños locales la oportunidad de
escoger.
Petición
Por otra parte tanto la consellera de Salut como el presidente de
la CAEB, Josep Oliver, están dispuestos a viajar a Madrid y
entrevistarse con Elena Salgado -de hecho ayer anunciaron que
pedirán una audiencia con la ministra- para pedir que se prolongue
el plazo para que el sector de restauración -de más de cien metros
cuadrados- y hostelería se adapte a la ley estatal. En concreto
pedirán que se prolongue el actual plazo de ocho meses a un mínimo
de dos años.
Por su parte desde el Ministerio de Sanidad y Consumo se ha
recordado a la consellera Castillo, en declaraciones a la cadena
Ser, que la ley nacional es «de obligado cumplimiento» y que en la
misma se especifica que las comunidades autónomas pueden
desarrollar una normativa para su aplicación, puntualizando que
desde el Govern balear no se han debido leer bien la ley si
consideran que no defiende suficientemente el derecho de los no
fumadores.
Por otra parte el presidente de la CAEB, Josep Oliver, dijo ayer
que no sólo pedirán prolongar el plazo de adaptación a la normativa
sino que además han encargado un informe para evaluar el coste
económico que supondrá a los establecimientos de restauración y
hostelería para adaptarse a la ley nacional, ya que las
separaciones físicas que exige la ley estatal en los locales de más
de 100 metros requieren trabajos de construcción, lo cual significa
que estos establecimientos se encontrarían en obras en plena
temporada turística, con el perjuicio que ello comporta. Desde la
patronal no descartan pedir al Ejecutivo central que participe en
los gastos de adaptación de bares, restaurantes, hoteles y salas de
fiesta de más de 100 metros cuadrados en dos zonas, una para los
fumadores y otra para los no fumadores.
Por otra parte la consellera de Salut i Consum recordó que la
ley balear, que entró en vigor el 10 de julio, no conlleva costes
económicos porque no obliga a establecer separaciones físicas,
aunque sí carteles indicativos y que toda la cartelería había sido
puesta a disposición de los ciudadanos a través del Govern y de las
patronales.
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