El equipo de gobierno del Consell Insular, del Pacte Progressista, con el apoyo del conseller del grupo mixto, rechazó en una sesión plenaria extraordinaria celebrada anoche solicitar un informe jurídico al Consell Consultiu sobre la moratoria urbanística, tal y como había planteado el PP para garantizar que la norma cautelar no es inconstitucional.

La presidenta de la institución, Pilar Costa, y el conseller de Territori, Josep Marí Ribas, defendieron que el Consell está facultado para aprobar una normativa de este tipo porque así lo aprobó el Govern de les Illes Balears. Sin embargo, Pere Palau, portavoz del grupo popular, no quedó satisfecho con ese argumento y preguntó a qué tiene miedo el equipo de gobierno o si es que pretende ocultar algo denegando la petición de un dictamen al órgano de expertos que asesora a la Comunitat Autònoma.

Palau volvió a reiterar las críticas del PP a la manera en que se tramitó la norma, lejos en su opinión, de cualquier tipo de consenso o transparencia, y advirtió de que «todo lo que tenga que salir, saldrá a la luz pública más tarde o más temprano y entonces las consecuencias podrían ser peores». Palau hizo alusión explícita a las indemnizaciones que podría estar obligada a pagar la institución insular si dentro de unos años algún tribunal sentenciara que el texto es contrario a la Constitución. El PP también argumentó que en 1998 se había atendido la petición del socialista Vicent Tur y se había pedido un informe similar para saber si el Consell era competente para proteger las cimas de las montañas. El ejemplo, según le contestó el Pacte, no es equivalente.

Costa aprovechó para responder a las críticas que en las últimas semanas ha hecho el PP y consideró una «irresponsabilidad» las acusaciones de prevaricación de las que ha sido objeto. Costa dijo que el PP metió la pata y que, ahora, «recula y modera su discurso» al darse cuenta de su error. La presidenta añadió que la oposición sólo reclama la autonomía municipal cuando le conviene y no a la hora de exigir el cumplimiento de la legalidad.