El Juzgado de primera instancia e instrucción número cuatro de
Eivissa ordenó ayer la paralización, en un plazo de 24 horas, de
las obras de es Pouet, con el objetivo de garantizar que, en caso
de que se esté cometiendo un delito de desobediencia a la
autoridad, éste no siga prolongándose.
El juez Manuel Carrillo señala en un auto fechado el pasado
sábado y notificado ayer a las partes que existen «indicios
racionales de criminalidad», por lo que rechaza la posibilidad de
archivar las diligencias abiertas y llama a declarar a nueve
personas en calidad de imputados. Entre ellas se encuentran los
arquitectos responsables de las obras, Javier Magriñá y Antonio
Huertas; Juan Lladó, como representante de la empresa Wallis, y
otros responsables de la promotora y constructoras que encabezan el
proyecto. Todos ellos pasarán por el juzgado el próximo 4 de
octubre.
Además, el magistrado les advierte de que, en caso de
incumplirse el requerimiento de paralización de las obras, «se
podría incurrir en delito de desobediencia grave a la autoridad
judicial», distinto del que se instruye que sería de desobediencia
a la autoridad administrativa.
Una vez conocida esta resolución judicial, la presidenta del
Consell Insular, Pilar Costa, compareció ayer para dar cuenta de
las actuaciones de la institución en relación con este polémico
caso. Costa señaló que el Consell ha hecho «todo lo que podía
hacer», incluida la «ejecución forzosa» de una normativa y defendió
que una vez que una administración dicta una norma «tiene capacidad
para ejecutarla». La presidenta defendió que no se necesita una
orden judicial para colocar un precinto y lamentó que se haya
llegado a esta situación.
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