Córdoba ha asegurado que, si la denuncia tiene que ver con esta adjudicación, no tiene nada que temer pues su actuación en este concurso «está basada en informes jurídicos de la casa (en referencia al Consell) y externos». Córdoba pretendía declarar desierto este concurso apoyándose en estos informes, uno de ellos elaborado por la letrada del departamento insular de Recursos Humanos. La recusación presentada por algunos de los licitadores contra el presidente y la letrada, llevó al primero a retirarse de la adjudicación, que quedó en manos de los tres consellers que, junto a Córdoba, integran la Junta de Gobierno: Óscar Portas, Verónica Castelló y Cristina Costa. Con Córdoba fuera de este organismo, los consellers de Sa Unió dieron luz verde a la propuesta de adjudicación que había formulado previamente la mesa de contratación insular.
Córdoba ha recordado este miércoles que él se retiró de la adjudicación del concurso por defender los informes que justificaban que este debía declararse desierto. «Lo que Sa Unió, GxF y PSOE me pidieron en el pleno que hiciera», ha añadido, «iba en contra de lo que de forma contundente dicen estos informes jurídicos. Como presidente de la institución, no voy a llevar la contraria a un informe elaborado por un técnico de la casa».
«Extrema gravedad»
A la denuncia de Sa Unió contra Córdoba ha respondido también el secretario general del PSOE en Formentera y conseller en la oposición, Rafa Ramírez, quien, en un comunicado, ha calificado de «extrema gravedad» la situación que se vive ahora en el Consell. Ramírez ha exigido a «los protagonistas de estos hechos que, si la Fiscalía Anticorrupción admite a trámite estas graves acusaciones, tendrán que dar explicaciones a la ciudadanía». El socialista, que lleva meses negándose a apoyar una moción de censura contra Córdoba tal y como propone Sa Unió, ha añadido que el equipo de Gobierno formenterés «está protagonizando de nuevo las portadas de los diarios y los informativos por sus diferencias personales».
Rafa Ramírez ha señalado que la ruptura de Sa Unió y Llorenç Córdoba es «un espectáculo vergonzoso» cuyas consecuencias «pagan los ciudadanos» porque la gestión del Consell «está paralizada». Y esto afecta a cuestiones como «la vivienda, la saturación turística o el futuro del puerto, que quedan fuera del debate y la gestión política». Y, aunque nada tiene que ver con lo sucedido estos días, Ramírez ha recordado que, en cuestiones como la masificación turística, el PP a nivel autonómico «ha cambiado 180 grados su discurso en Baleares», por lo que ha pedido a Sa Unió que «rectifique y elimine las plazas turísticas en la isla que quedaron congeladas en la pasada legislatura.
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Sí, Lurensu, tú estàs molt tranquil. Segur.