Cuando llegué hace casi diez años a Ibiza para trabajar el problema de la vivienda ya era muy grave. Encontrar un piso para alquilar era prácticamente imposible y los precios comenzaban a estar por las nubes. Diez años después la situación ha empeorado y ahora mismo no solo cuesta encontrar un piso para alquilar sino que los trabajadores renuncian a empleos en Ibiza porque el coste de la vivienda ya es realmente inasumible. Conozco varios casos de personas que han optado por regresar a la Península a trabajar, donde sí hay vivienda y a precios razonables. De momento.

Diez años es un tiempo suficiente para poder analizar qué han hecho las administraciones para solventar el problema. Poco o nada. Más bien diría que en algunos casos han empeorado las cosas. Cuando faltaban viviendas y el clamor ya era total y absoluto comenzó en Ibiza la campaña contra los pisos turísticos no regulados, considerados como los grandes responsables de que los residentes y trabajadores de temporada no encontrasen un piso a precios dignos. Dijeron que no había inspectores para poder detectar estos pisos, hubo infinidad de reuniones con plataformas como AirBnb en busca de ayuda, e incluso una antigua dirigente política llegó a decir que encontrar los pisos turísticos era fácil: bastaba inspeccionar aquellas viviendas donde hubiese toallas colgadas en las terrazas.

Mientras tanto, la concesión de viviendas VPO se producía a cuentagotas y no resolvía el problema. Encontrar suelo disponible era una auténtica odisea hasta el punto de presentar hasta dos y tres veces un solar para construir unas viviendas al lado de la Comisaría de la Policía que han pasado a la historia.

Durante la pasada legislatura parecía que el Ayuntamiento de Vila había encontrado la solución a todos los males. Se encargaría un estudio a la UIB para conocer la situación de la vivienda en Vila. Por 400.000 euros llegaríamos a conclusiones que, teóricamente, deberían marcar el camino a seguir a pesar de las limitadas competencias del propio Ayuntamiento para adoptar determinadas medidas. El estudio llegó a la conclusión de que había muchos pisos vacíos y que algunos propietarios tenían una importante cartera de inmuebles en la ciudad. ¿Y qué solución se planteó? Ninguna, por supuesto. Cualquiera que criticaba la oportunidad de este estudio era acusado de fascista, por supuesto. Afortunadamente aquellos políticos incapaces fueron borrados del mapa político por los propios ciudadanos.

Cuando vieron que hacer estudios no tenían ninguna utilidad, el foco político se puso sobre los bancos y fondos buitres, que parecía que acaparaban miles de inmuebles que no sacaban al mercado para especular, por supuesto. Al final se supo que tanto bancos como los llamados fondos buitres tenían muy pocos inmuebles y, por lo tanto, tampoco ellos podrían solucionar el problema.

Mientras tanto, Ibiza no ha dejado de ser noticia por el alto precio de los alquileres (indecentes en muchos casos) o bien porque los trabajadores se veían obligados a dormir en balcones, en caravanas o en sus propios coches mientras hacían la temporada en la isla.

Realmente en estos diez años cuesta acordarse de una idea o de una estrategia realmente novedosa que haya permitido solventar parte del problema. Más bien los políticos, todos en general, han empeorado la situación con declaraciones que solo han generado incertidumbre entre los propietarios de viviendas, que en las actuales circunstancias, amparando la ‘okupación’ desde las instituciones, cuesta sacar al mercado de alquiler.

Llegados a este punto convendría no hacerse muchas ilusiones en que la falta de vivienda tendrá una solución a corto o medio plazo. Los precios seguirán subiendo y, aunque haya trabajo de sobra en Ibiza, solo los millonarios o los que puedan heredar una vivienda tendrán una solución al problema. Todos los demás ya saben lo que les espera