Decisión acertada con matices

Esta semana ha tenido lugar la entrega de premios al sector turístico, en la denominada Nit del Turisme 2023. Al citado acto asistió la nueva presidenta del Govern Balear Marga Prohens, quien aprovechó su presencia en el acto para anunciar una nueva medida en materia turística.
Algunos de los problemas que afectan muy directamente a nuestras islas Pitiusas tienen relación con diversas actividades que se vienen desarrollando de forma ilegal o fraudulenta. No voy a entrar hoy en la larga lista de este tipo de actividades, pero sí en una de ellas: la comercialización pirata de viviendas turísticas. Se trata de una actividad irregular que como alguna otra está en franca expansión y que, por lo tanto, cada año son más las viviendas de todo tipo que se dedican a ella.
Es cierto que en lo que a expedientes de infracción y su correspondiente sanción económica se refiere, éstos han aumentado de forma clara. Ahora bien, y a raíz de ello precisamente, también queda más patente cada año que estas multas tienen un efecto nulo a la hora de disuadir a los que practican dicha actividad ilegal. El motivo de la inefectividad de las sanciones económicas es muy sencillo y, por tanto, muy fácil de ver. Para empezar, el inicio de un expediente sancionador es farragoso y lento, pero es que además la apertura de dicho expediente no tiene más consecuencia para quien desarrolla la actividad ilegal que la de quedar a la espera de conocer el importe de la multa a la que vaya a tener que hacer frente.
Mientras transcurren los meses de trámites de todo tipo, el infractor o pirata sigue explotando ilegalmente la vivienda afectada por el expediente. Por alta que acabe siendo la multa a la que deba hacer frente, económicamente le sigue saliendo a cuenta, ya que como sigue ingresando todos los días por la actividad, acaba la temporada con importantes beneficios, a pesar de la sanción impuesta. Es por ello que resulta más que urgente algún tipo de medida más contundente para plantarle cara con mayor eficacia a ese tipo de actividad pirata.
Por todo ello, no puede parecer más que correcta la petición formulada por el Consell Insular d’Eivissa, de poder precintar de forma inmediata la vivienda que se esté comercializando al margen de la ley. En consecuencia, el anuncio realizado en nuestra isla por parte de la presidenta del Govern de la inminente aprobación de una normativa que permitirá el precinto de las citadas viviendas turísticas ilegales hay que agradecerlo y esperar que de esta forma pueda ponerse coto a una actividad ilegal que agrava considerablemente la problemática de la vivienda en nuestras islas.
Ahora bien, una vez reconocido el valor de la medida en cuestión quiero referirme a otras que también pueden afectar a nuestra industria turística y en este caso de forma negativa. Cansados estamos de hablar de las situaciones de saturación que en temporada alta se vienen padeciendo en la isla. Sin duda, el alojamiento en establecimientos turísticos ilegales de miles y miles de turista cada verano tiene mucho que ver con esa saturación de la isla y con la falta de vivienda disponible, tanto para residentes como para trabajadores de fuera de la isla.
Pero detrás de esa preocupante saturación surge otro debate. Lo cierto es que estamos en una isla, por lo tanto, en un territorio limitado del que poder disfrutar y en el que poder atender a nuestros visitantes. La isla no es un chicle y, por tanto, no se puede hacer crecer a conveniencia. Debemos ser conscientes de una vez por todas de que hay que establecer un límite al número de visitantes que podemos acoger cada verano. De lo contrario, nos veremos desbordados y sin posibilidad de poder atenderles debidamente. Con ello estaríamos poniendo en peligro nuestra principal fuente de ingresos.
Este mismo verano ya hemos sufrido las consecuencias de acoger en la isla a muchísimos más turistas de los que está regulado en función de las plazas legales y autorizadas. Por mi parte creo que a día de hoy este número ya es excesivo y que se debería aplicar algún recorte en la cantidad de viviendas vacacionales legalizadas. Y es precisamente la experiencia de lo acaecido este verano lo que debería hacer que las instituciones con competencias en materia de turismo no acaben cediendo a las presiones para levantar la moratoria en cuanto a las plazas autorizadas ni a la reclamación de las organizaciones y colectivos de viviendas vacacionales para que se les concedan más viviendas de las que ya tienen autorizadas.
No hace falta ser muy listo para darse cuenta de que estamos al límite de nuestras posibilidades y que no se puede seguir alimentando la masificación. Ya hay una cantidad muy respetable de plazas que explotar turísticamente y que dejan importantes ingresos cada verano; no vale la pena ponerlo todo en riesgo.
Es necesario actuar con contundencia con las viviendas turísticas ilegales, pero también hay que fijar un techo en el número de plazas legales ya que de lo contrario veremos cómo se hace realidad aquello de que la avaricia rompe el saco.