El mismo día que un periódico mallorquín publicó la noticia de que tanto el programa del PP como el de Vox coincidían en su pretensión de suprimir la denostada, inútil y carísima Oficina Anticorrupción de Baleares impulsada hace ocho años por los partidos del ‘Pacto de La Conga’ para mortificar en vida al PP y tapar sus propios escándalos, que a la vista de los telediarios de la semana pasada, no son poco ni menores, hubo multitud de líderes políticos (es un decir) que incendiaron las redes sociales, denunciando tal supresión. Era «toda una declaración de intenciones», dijeron. Días más tarde, la Guardia Civil entró en el Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia para registrar el departamento de Urbanismo. Detuvieron al alcalde en funciones, socialista por más señas, Ángel Luis Guerrero, y a la asesora legal de esa área municipal. También a dos abogados urbanistas y a un constructor.
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