La modificación del decreto de admisión de alumnos que tiene previsto aprobar el Govern, a propuesta de la Conselleria d'Educació i Cultura, este viernes ha provocado una nueva polémica política y la inquietud en muchas familias de Balears. Conviene recordar que la medida, la ampliación de reserva de tres plazas por aula hasta el mes de septiembre en lugar de junio, se centra en el primer ingreso escolar "tres años" y tiene como principal objetivo distribuir de un modo más equitativo entre todos los centros el alud de inmigrantes que tienen que ser obligatoriamente escolarizados; una responsabilidad que en un 80 por ciento lo asumía la red pública en solitario.
Los expertos y educadores se han manifestado en numerosas ocasiones sobre el peligro que supone convertir los centros escolares públicos, en este caso de Educación Infantil, en guetos que acumulan niños y niñas de la más diversa procedencia y formación frente a los colegios concertados, los cuales se mantienen en tasas mucho más bajas y, por tanto, en disposición de obtener unos niveles académicos superiores. Esta es la realidad.
Frente al objetivo loable de la diversificación, la nueva normativa de la Conselleria, que no supone un cambio radical respecto a la aprobada por el PP en la anterior legislatura, no debería suponer un menoscabo respecto al derecho a la libre elección de centro por parte de los padres ni suponer una merma en las opciones de admisión por parte de los hijos de residentes.
Difícil equilibrio el que se exige, pero también es cierto que tampoco había una presión sobre la Conselleria para que se modificase la regulación existente. Habrá que esperar a los resultados definitivos para saber en qué medida el nuevo decreto cambiará las cosas, para bien o para mal.
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