El inicio del procedimiento de expropiación temporal de 56 viviendas, seis de ellas en Ibiza, propiedad de entidades financieras, fondos de inversión y promotores locales, presentado con exceso de pompa por el Govern, ha desencadenado una tormenta política que ha llegado incluso al ámbito estatal de la mano del dirección nacional del Partido Popular. La decisión se ampara en la ley de la vivienda en Baleares, con tres años ya de vigencia, pero ha sido ahora, por el gesto de la Conselleria de Movilidad y Vivienda, cuando se ha desencadenado la polémica. El PP considera que el proceso tiende a la incautación de bienes privados, mientras que el PSIB argumenta que trata de resolver el problema de familias en situación de vulnerabilidad. La patronal advierte de la inseguridad jurídica que se genera y que ahuyenta a los inversores.
El efectismo no resuelve la problemática
Ibiza07/03/21 4:01
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