El incremento de la morosidad en los alquileres de las viviendas gestionadas por el Govern a través del Ibavi, que se ha multiplicado por cuatro desde 2012 y suma 27.442 recibos pendientes, evidencia que, a las dificultades para acceder a un domicilio digno en Balears en general y muy particularmente en Ibiza y Formentera, hay que añadir el problema del coste. Ya no se trata de construir vivienda pública –durante la anterior legislatura no se edificó ninguna y sólo se adquirieron y reformaron 18 en Baleares–, sino de fijar unos precios asequibles, tanto para el régimen de alquiler como para quienes optan por acceder a la propiedad. La Conselleria de Vivienda no dispone hoy de datos sobre cuáles son los precios en Balears y la última actualización en su página web sobre este dato relevante es del 28 de junio de 2013. Han transcurrido más de nueve años, los precios han registrado un crecimiento constante y mantenerlos ocultos no es acertado ni cumple los compromisos políticos de transparencia.
Editorial
Derecho a una vivienda digna
24/11/19 4:01
También en Opinión
- Desokupa pide un «escarmiento público legal» para la presunta estafadora de alquileres en Ibiza
- Un barco de más de 15 metros desata la inquietud entre los amarristas del antiguo Club Náutico Ibiza
- Ibiza fideliza a las auxiliares de enfermería con un plus de 2.352 euros y a los técnicos superiores con 3.360 euros
- Santa Eulària ya tiene el permiso del juez para inspeccionar el asentamiento de Can Negre
- Trasladada al hospital la presunta estafadora de alquileres de Ibiza