Cuando el pasado día 29 de enero el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Andreu Alcover, solicitó modificar el orden del día y aplazar la votación de la Ley de medidas de protección de la Bahía de Sant Antoni, lo argumentó literalmente “en aras a un mayor consenso y dado que es un tema que salió por unanimidad del propio Ayuntamiento de Sant Antoni”. Aquel gesto, que contó con el voto favorable de todos los grupos y una abstención, fue considerado como una medida prudente, habida cuenta de las reticencias manifestadas, entre otros, por el Partido Popular. Tanto Xico Tarrés como Enric Casanova, explicaron que se consideraba necesario trabajar para llegar a un acuerdo. Pero tras la aprobación en el Consell d’Administració de Ports de les Illes Balears, organismo dependiente del Govern, de la prohibición del embarque y desembarque en Sant Antoni de mercancías y vehículos de cuatro ruedas o más, parece que las apelaciones al consenso no eran sinceras.
EDITORIAL
Una imposición en el puerto de Portmany
Ibiza24/02/19 4:01
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