El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sant Antoni no parece ser consciente de que sus impedimentos burocráticos a la puesta en funcionamiento del chiringuito de Cala Gració, que está instalado desde el 22 de mayo con el permiso de la Demarcación de Costas otorgado en 2017 y el informe a favor del Govern balear y del propio consistorio portmanyí que preside Josep Tur ‘Cires’, puede acabar costando caras. Y es que es una arbitrariedad informar a favor de la concesión de un permiso y posteriormente, a la vista de la protesta de unas pocas personas, impedir que funcione. Si la querella criminal que ha presentado la empresa del quiosco contra el alcalde, la concejala de Urbanismo y dos técnicos municipales acaba siendo admitida a trámite, cosa que bien pudiera suceder, volveremos a ver otra vez desfilar por los juzgados a políticos de Sant Antoni, cosa que ya no es rara ni excepcional.
Editorial
Las trabas al quiosco les pueden costar caras
02/08/18 4:01
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