Una imagen de la Vuelta a Ibiza en mountain bike celebrada el año pasado. Foto: TONI ESCOBAR

El Govern no está por la labor de ceder. Miquel Mir, director de Espais Naturals, se mostró inflexible ayer en los micrófonos de Radio Ibiza Cadena Ser a la hora de hablar sobre la problemática existente con la organización de pruebas como la Sant Josep Xtreme, que fue suspendida, y, ahora, la Vuelta a Ibiza en mountain bike, que ha retrasado la apertura de las inscripciones hasta el próximo 20 de diciembre.

Mir quiso dejar claro que «esta problemática no es sólo de Ibiza, sino de todas las islas». «Tenemos unos espacios naturales protegidos por una normativa europea. La finalidad es proteger las especies y el hábitat. A lo largo de los años se ha producido un incremento de actividades en espacios de Xarxa Natura. Como administración, estamos obligados a informar de cualquier proyecto o actividad ahí. A partir de esta premisa, los informes se rigen a través de unos criterios técnicos que tienen un único objetivo: la conservación del hábitat y estas especies protegidas», explicó.

Mir destapó que la Vuelta Ibiza en mountain bike no cumplió los requisitos el año pasado y está expedientada: «El año pasado se informó de ella y se autorizó. El principal criterio que se pidió era la reducción de participantes. Se autorizó, pero sin que superase el número de 350 participantes y lo hicieron 1.200».

El director de Espais Naturals también recordó que «no todo el territorio está protegido». «La mayor parte no lo está», agregó Mir, para quien «esto no es un capricho de la conselleria o del Govern, sino que estamos obligados a informar de cualquier proyecto por una normativa». En este sentido, se eximió de culpa en caso de que se suspendan pruebas: «Creo que no es de recibo justificar por esto que no se puede desarrollar la desestacionalización de la temporada con un evento deportivo. Gran parte del territorio no está protegido y, por tanto, esas zonas son compatibles con estas pruebas multitudinarias. Otra cosa es que los promotores quieran que pasen por determinados tramos».

Sobre si puede existir cierta flexibilidad para que el evento se lleve a cabo, fue contundente: «Hay una ley y no será el director general el que diga que no se debe cumplir». Ni siquiera la petición que pretende hacer el Consell d’Eivissa tiene visos de fructificar a tenor de sus palabras: «Si llega esa petición, entenderá que mi obligación es cumplir la normativa vigente».

Miquel Mir apuntó que no tienen «nada en contra de estas actividades», pero que su «obligación por normativa es informar de esta actividad».