Durante los últimos días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está insistiendo en su campaña contra los medios de comunicación, a los que acusa de difundir bulos tras conocerse que empresas que patrocinaban a su esposa fueron posteriormente beneficiados por el Gobierno a través de ayudas y subvenciones. La investigación judicial a la mujer de Sánchez a través de dos demandas diferentes ha sido la excusa que ha utilizado el presidente para desprestigiar a los medios, a los que acusa de remover el fango contra él y su partido, y también responsabiliza a los partidos de la oposición.
La realidad.
Más allá del ruido político y de las tácticas que pueda utilizar Sánchez para mejorar su imagen o buscar apoyos, la realidad es que en cualquier país democrático la actividad de la mujer de un presidente está regulada y fiscalizada. Ninguna empresa que haya tenido relación con la esposa o esposo de un presidente o presidenta puede ser favorecido por el Gobierno. Se produce entonces un conflicto de intereses. Eso es lo que hay que investigar hasta el final. El problema no se produce si la mujer de Sánchez trabaja o se queda en casa. Esa no es la cuestión. El conflicto se produce si aquellas empresas relacionadas con Begoña Gómez han tenido trato de favor por parte de la administración central.
Retos.
Sánchez sabe que la democracia no está en juego sino su credibilidad si se confirma que benefició a empresas vinculadas a su esposa. El presidente y algunos dirigentes socialistas están tomando un tono populista que aleja al PSOE del centro político y lo sitúa en la radicalidad. Intentar desprestigiar a medios y a jueces es lo que ha hecho Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil, pero en España este tipo de actuaciones tienen muy poco recorrido.
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