Uno de los numerosos campamentos de 'romaníes' en Francia. | Efe - STEPHANE MAHE - REUTERS - X02520

El Gobierno francés está cumpliendo a rajatabla las órdenes del presidente, Nicolas Sarkozy, de desmantelar los campamentos ilegales de gitanos y, pese a las crecientes críticas desde dentro y fuera de Francia, comenzará a deportarlos a partir de hoy mismo.

Un primer avión con 79 gitanos a bordo partirá hoy con destino a Rumanía, al que seguirán otros dos el próximo día 26 y a finales de septiembre, hasta cumplir el cupo de por lo menos 700 personas, tal y como anunció el ministro del Interior, Brice Hortefeux.

Es él quien dirige la ofensiva contra el colectivo «romaní», como se llama en Francia a los gitanos de Europa del Este, que el pasado 28 de julio lanzó el propio Sarkozy cuando anunció el desmantelamiento en tres meses de la mitad de los campamentos ilegales de gitanos contabilizados en el país.

No ha pasado ni un mes y ya se han desalojado más de 50 instalaciones de este tipo, con sus respectivos integrantes.

Ahora llega el momento de la deportación o el «retorno voluntario», como precisa el ministro de Inmigración, Eric Besson, en declaraciones recogidas ayer por el diario Le Parisien , en las que subraya que no puede hablarse de expulsiones.

Vuelos periódicos

El periódico cita una fuente oficial, según la cual «hay regularmente vuelos como estos», con extranjeros que se inscriben en el programa de ayudas al retorno. Según el Gobierno, se trata de deportaciones «voluntarias» de inmigrantes que aceptan irse, a cambio de un billete de avión y 300 euros por adulto ó 100 euros por niño, y que, en muchos casos, acaban volviendo a Francia.

Lo que no van a poder hacer a partir de septiembre es falsear su identidad para percibir dos veces esas ayudas porque el Gobierno ha decidido reforzar el control del fichero que ha creado para registrar a los beneficiaros e incluir en el mismo, además de los datos personales, sus huellas dactilares.

Solo en 2009, según las cifras facilitadas por las autoridades francesas, unos 10.000 rumanos y búlgaros se acogieron a esas ayudas y regresaron a sus países. «Francia no la está tomando con los gitanos», como dijo el ministro Besson, pero sí parece haberla tomado con la inmigración irregular, a juzgar por el goteo de medidas que en los últimos días se han anunciado para combatir ese fenómeno.

Además de deportar a los gitanos, se han planteado otras iniciativas polémicas como la retirada de la nacionalidad francesa a los delincuentes de origen extranjero que hayan atentado contra una autoridad pública, la condena de los padres de jóvenes que hayan cometido delitos o la imposición de multas a los alcaldes que no cumplan en materia de seguridad. Son propuestas que han suscitado una oleada de críticas, no solo entre la sociedad civil sino, cada vez más, en el exterior.