En concreto, los ecologistas denunciaron que los hermanos Marí Tur obtuvieron más de nueve millones de euros por la venta de estas fincas de Cala Molí calificadas como urbanizables en el PTI cuando su edificabilidad debería haber sido nula tras la aprobación de la Llei d'Espais Naturals (LEN) en 1991 y, por tanto, debería haber tenido un valor económico muy inferior. La defensa de los imputados rebatió estas acusaciones argumentando que el PTI lo que hizo fue reducir la edificabilidad de este plan parcial de Cala Molí. Además, remarcó que existe una sentencia del Tribunal Supremo que «confirmó la legalidad del plan parcial» y que data del año 93.
Ni asomo de delito
El abogado de los hermanos Marí Tur, Rafael Perera, aseguró que «no existe ni asomo de delito» por parte de sus defendidos y por ello consideró que esta causa debe ser «sobreseída». De hecho, Perera recordó que en su día el juez ya desestimó la imputación por prevaricación que había pedido el GEN. Los ecologistas ampliaron más tarde la denuncia y acusaron a los hermanos de enriquecimiento ilícito, que es por lo que declararon ayer. «Esta causa ya estaba sobreseída respecto a ellos y volverá a ser sobreseída ahora», afirmó Perera, que indicó que los Marí Tur realizaron una operación de venta ante notario por nueve millones de euros «totalmente correcta, normal y sin apariencia alguna de actuación delictiva». Asimismo, el letrado insistió en que se aportará la escritura de compraventa para demostrarlo, una operación por la que «se pagó el impuesto correspondiente».
Los ecologistas acusaron en su día a los hermanos Marí Tur de prevaricación porque ambos tuvieron algo que ver en la aprobación del PTI que calificó esos terrenos como aptos para construir. En el caso de Joan Marí Tur porque votó a favor del PTI que mantenía como urbanizables esos terrenos. Mientras, su hermano, Antoni Marí Tur, diputado en el Parlament la pasada legislatura, fue miembro de la comisión de ordenación territorial de la Cámara balear y de la comisión insular de urbanismo.
Sin embargo, su abogado sostiene que ambos votaron basándose en «el interés general, como corresponde y sin anormalidad o ilegalidad alguna». También aseguró que la operación de venta fue «muy posterior» a la aprobación del PTI y que no se habían producido «negociaciones previas».
El abogado del alcalde de Sant Antoni, explicó que ha quedado «acreditado» que los hermanos Marí Tur no cometieron ninguna ilegalidad y que las condiciones de venta están plasmadas en escritura pública.
El abogado de Sala pedirá el archivo
En el caso PTI también está imputado el alcalde de Sant Antoni José Sala por un presunto delito de tráfico de influencias al firmar un convenio urbanístico con la empresa Realia Business para urbanizar ses Variades unos días antes de aprobarse el PTI. Según el juez, Sala consideró el suelo como urbano cuando en el PTI aparecía como urbanizable.
El abogado de Sala, Eduardo Valdivia, aseguró ayer que ya pidió el sobreseímiento para su cliente y está pendiente de recibir una respuesta del Juzgado durante este mes. De hecho, aseguró que tras las declaraciones de ayer volverá a solicitar el archivo porque considera que no es necesario pedir ningún testimonio ni practicar ninguna prueba más. «Ha quedado acreditada la legalidad del convenio urbanístico», indicó Valdivia, que no supo precisar cuándo se puede resolver este asunto, del que está muy pendiente el PP, ya que si el juez le retira la imputación a Sala éste podría ser proclamado como candidato al Consell.
En este caso también está imputada por tráfico de influencias la ex consellera de Vies i Obrse Stella Matutes al considerar el juez que hubo negociaciones previas a la aprobación del PTI sobre ses Variades, un espacio en el que tiene intereses su familia.
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