La secretaria del Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa, el magistrado Santiago Pinsach y el abogado de Ferré, Gabriel Garcías, en el momento de entrar en la Policlínica.

Fernando Ferré Cardó es hoy en día un preso preventivo. Cuando reciba el alta médica, ingresará en la cárcel. Sus negocios quedarán a cargo de un administrador judicial. Así lo acordó ayer el juez Santiago Pinsach, titular del juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa y magistrado que ha comandado la denominada Operación Trueno, investigación por la que se detuvo el viernes al empresario hotelero, de 66 años, como sospechoso de delitos fiscales y de blanqueo de dinero.

Gabriel Garcías, abogado del hotelero, recibió oficialmente la noticia a las tres y media de la tarde. El letrado se dirigió entonces al centro sanitario donde se encuentra ingresado Ferré, vigilado por la policía, para comunicarle el auto de prisión sin fianza que minutos antes dictó el juez Pinsach. Con esta medida cautelar se aborta cualquier tentación que tenga el hotelero de intentar fugarse o de alterar cualquier prueba que pueda ser motivo de examen.

El magistrado, acompañado de la secretaria de su juzgado y conduciendo él mismo el coche que trasladaba a la comisión judicial, se presentó a las once de la mañana en la clínica para tomarle declaración al empresario. Una hora después abandonó el centro acompañado de los fiscales Anticorrupción.

El auto de prisión dictado por el juez Pinsach motiva que Fernando Ferré Cardó, administrador plenipotenciario hasta ayer del Grupo Playa Sol (GPS), está imputado, de momento, por delitos de fraude fiscal por un importe total de 14 millones de euros, fraude a la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores por haber sometido a sus empleados a condiciones laborales que se consideran ilegales. En los delitos de fraude fiscal se incluyen cargos por cada uno de los ejercicios en los que la Fiscalía Anticorrupción ha constatado irregularidades de este tipo. Anticorrupción dio paso a la investigación judicial tras presentar en su día una querella, según aclara un comunicado de prensa del gabinete de comunicación del TSJ de les Illes Balears.

Última fase

La retirada de los poderes que tenía Ferré para tomar decisiones sobre sus empresas y su ingreso en prisión ha sido la última fase emprendida por la Operación Trueno, actuación policial que, como ha venido informando estos días este periódico, se precipitó después de que los investigadores tuvieran conocimiento de que Ferré, presuntamente, se estaba deshaciendo de documentación y contabilidad comprometedora. El empresario decidió pedir su ingreso hospitalario horas después de su arresto. Desde entonces, y salvo anteayer para conocer que el juez le prorrogaba su detención y para asistir a nuevos registros, no ha abandonado la clínica.

Según se desprende de lo ocurrido, Fernando Ferré Garnacho, hijo del empresario, en libertad provisional desde el domingo, queda a disposición del juzgado sin que se considere que pueda poner en peligro las próximas investigaciones que se realicen.

Los nervios de un fiscal anticorrupción

Los investigadores se enfrentaron ayer a una nuevo día de nervios. Desde el viernes los registros y las declaraciones se han ido sucediendo sin tregua. Uno de los fiscales Anticorrupción, Miguel Àngel Subirans, perdió ayer el dominio de sí mismo al pasar por el control de seguridad de los juzgados cuando, al quitar una cadena que regula el paso y caérsele al suelo para evitar la cola de entrada, montó en cólera después de que uno de los vigilantes le pidiera que la volviera a colocar. El otro fiscal, Pedro Horrach, intervino rápidamente para tranquilizar a su compañero.