alguien cualquieraNegativo. Se ha intentado de forma retorticera y chapucera hacerlo otra vez de éste real decreto: El Real Decreto-Ley 7/2019 de 1 de marzo de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, concede a las Comunidades de Propietarios la posibilidad de acordar la prohibición del alquiler turístico por la Comunidad de propietarios. El artículo 17.12 LPH establece lo siguiente: «Los acuerdos de la Junta de propietarios se sujetarán a las siguientes reglas: 12. El acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de la actividad a que se refiere la letra e) del artículo 5 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los términos establecidos en la normativa sectorial turística, suponga o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación. En definitiva: pueden prohibirlo siempre que exista un acuerdo Si en los estatutos de la comunidad de propietarios figura la limitación de carácter general, será necesario que la Junta de Propietarios se ponga de acuerdo si quieren prohibir el alquiler turístico en el edificio. Estos son las claves de este tipo de acuerdo: La comunidad debe convocar una Junta de propietarios incluyendo en el orden del día el acuerdo de prohibición de los pisos de alquiler turístico 3/5 partes de total de los propietarios deberán votar a favor de la prohibición de pisos turísticos en la comunidad El acuerdo no tiene carácter retroactivo, por lo que si ya empleas tu vivienda para el alquiler turístico, no podrían prohibírtelo Si el acuerdo se aprueba, se deberá expedir un certificado del acuerdo para poder inscribirlo en el Registro de la Propiedad para que los futuros compradores de viviendas en el edificio conozcan las limitaciones de esta finca ¿Qué ocurre si un propietario destina su vivienda al alquiler turístico y está prohibido? En tal caso, la comunidad de vecinos podría solicitar la finalización de la actividad, según lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal. Si el vecino persiste en su conducta, el presidente, tras ser autorizado por la Junta de propietarios, podrá elevar el requerimiento de cesación de la actividad a juicio ordinario. Presentada la demanda, el juez podrá acordar la finalización inmediata de la actividad prohibida. En función de la gravedad de la infracción, además de la cesación de la actividad, el propietario podría tener que indemnizar por daños y prejuicios si procede. Lo que la comunidades pueden hacer es permitir el alquiler vacacional, pero someterlo a condiciones como las que detallamos a continuación: Obligación de contratar una póliza de seguros e daños causados por los inquilinos en elemento o zonas comunes Entregar las normas de la comunidad a los inquilinos Pagar una subida de la cuota si se ha incluido esta condición en el acuerdo Obligación de darse de alta en la Administración. Cómo ve el camino hacia es complicado, utópico y por si fuera poco aún prohibiéndoselo por sentencia judicial en primera instancia si recurre acabará ganando porque vulnera la propiedad privada y es hasta insconstitucional. Conclusión: que fácil es engañar a la sociedad de éste país que además con frecuencia se pone a “tocar las palmas” a los demagogos políticos de turno.
En cuanto a lo de prohibir el alquiler turístico argumentando que se está ejerciendo una actividad económica no autorizada en una comunidad de uso no residencial? La vivienda no pierde su carácter residencial por estar destinada a alojamiento turístico temporal, toda vez que el uso propio de residencia ya sea provisional o permanente, tienen igual contenido, sin que por ello pierda la condición de domicilio, ni porque esta relación está excluida de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Esa es la realidad y sino mírese la jurisprudencia que ya hay al respecto y que es la primera piedra para volver al escenario previo al año 2012 en el que el alquiler turistico era legal sin discusión alguna ni polémicas sociales y estaba regulado en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) junto con el arrendamiento de vivienda habitual y el arrendamiento para uso diferente a vivienda o coloquialmente llamado arrendamiento de temporada. Por otro lado las pretensiones de nuestros gobernantes de poder entrar en una casa o piso dedicado al alquiler turístico por parte de las fuerzas del Estado cómo si estuvieran entrando a un restaurante…. Es inconstitucional…. Pues ese piso, casa, vila es un domicilio enlazándolo con el párrafo anterior…. Y por lo tanto inviolable…. Las autoridades sólo pueden entrar con una orden judicial o en su defecto cuando se está ante un delito flagrante. La orden judicial sólo puede estar vinculada a una investigación en el que se aporten pruebas suficientes al juez de que se está desarrollando una actividad criminal tipificada en el Código Penal…. Y el concepto de “delito” está igualmente referido a los tipificados en el Código Penal…. Así que…. Ese es también el motivo por el que la policía o Guardia Civil ante las denuncias por fiestas en Vilas…. No pueden acceder a las mismas cuando eso se produce….. solo multar por exceso de decibelios o poner controles disuasorios de drogas y alcohol en las inmediaciones…. Cada uno en su casa es Dios de puertas para adentro…. Salvo que éste cometiéndo un delito penal…. Que país, vaya nivel …. De gobernantes y de votantes…. Incapaces de gestionar exitosamente nada. Asi nos va. Dejen de intentar “ponerle puertas al campo” con la tarjeta persecución del alquiler turístico ilegal que no es ilegal, cambien el modelo turístico, equilibren la oferta y la demanda de viviendas para residentes con la promoción sostenible de las vivienda pública y privada para el bolsillo del residente….. y den más seguridad jurídica a los propietarios (facilítenles que puedan recuperar su vivienda de inmediato en caso de okupacion o impago de rentas) y verán cómo todo cambia de verdad.