El debate del Bona Nit Pitiüses, unos minutos antes de empezar. | Arguiñe Escandón

El programa de debate Bona Nit Pitiüses de la Televisió d’Eivissa i Formentera (TEF) ha sido escenario este miércoles de un tenso debate entre Ángel Luis Guerrero, concejal socialista de Urbanisme de Sant Josep y Javier Marí, concejal de Sant Josep que ocupó anteriormente la concejalía de Urbanisme con el PP. Entre los invitados también estuvieron presentes Joan Lluís Ferrer, periodista y escritor y Gianandrea di Terlizzi, portavoz de Podemos en Ibiza.
En relación al asunto de la depuración de aguas, Ferrer puso sobre la mesa la necesidad de que el Consell d’Eivissa o los ayuntamientos de la isla, con una dotación económica adecuada, asuman las competencias de agua y saneamiento que posee el Govern balear, a través de Abaqua. «Es increíble que pese a que todos los partidos están de acuerdo con esto, ninguno de ellos ha hecho nada para conseguirlo», afirmó Ferrer en relación al PP, PSOE y Podemos. Ferrer también señaló que «se aprobaron urbanizaciones sin tener garantizado el sistema de depuración de aguas» y, por tanto, «el PP alguna responsabilidad tiene que tener», ya que gobernó en el municipio durante más de 30 años.

Marí cargó contra la gestión de Sant Josep en relación a los nuevos vertidos de la depuradora de Can Bossa, que siguen contaminando el mar y añadió que el Ayuntamiento debería haber pedido más explicaciones a Abaqua.

Guerrero se defendió argumentando que la depuradora de Can Bossa «funciona exactamente igual a como funcionaba cuando gobernaba el PP» y echó en cara a los populares que «no se gastaran un duro en gestión de agua», mientras que Sant Josep «reconoce los problemas e invierte dinero en la gestión del agua».

Por otro lado, Di Terlizzi expresó su preocupación porque «ninguna de las autoridades competentes (Ayuntamiento y Govern) conozca la situación de la depuradora de Can Bossa» y achacó la responsabilidad de la depuración de aguas a los distintos gobiernos de PP y PSOE, «que son los que han gobernado» y se mostró de acuerdo con que el Consell d’Eivissa asuma las competencias en materia de agua. Los representantes de los tres partidos políticos se mostraron de acuerdo en implementar el sistema de depuración terciario para que el agua se reutilice y no se vierta al mar, la principal reivindicación de la Alianza por el agua.

En cuanto al urbanismo, otro de los temas de debate, Ferrer apuntó a que «es el responsable de aproximadamente el 80% de los males que tiene Ibiza» y puso como ejemplo la gran cantidad de obras ilegales que se realizan en Sant Josep. «No veo medidas ejemplarizantes en forma de demoliciones», argumentó Ferrer y recordó que en 40 años solo se habían demolido dos casas enteras «por el esfuerzo de un grupo ecologista».
Javier Marí, exconcejal de Urbanisme de Sant Josep, defendió que él había ordenado la demolición de casas cuando gobernaba, pero argumentó que estos asuntos suelen acabar en los juzgados, «que ya sabemos que tienen la carga que tienen». Un argumento que compartió Guerrero, actual concejal socialista. «No es fácil, la disciplina urbanística es frustrante, nos cansamos de abrir expedientes pero nos presentan recursos y luego viene el trámite judicial, que es lento», explicó Guerrero.

La ordenanza de ruidos que ha puesto en vigor Sant Josep fue el último tema de debate. Guerrero, concejal de Urbanismo, defendió que la nueva ordenanza que regula el ruido se hizo «para poner orden» pero que si el Ayuntamiento se ha equivocado en algún aspecto, actuará en consecuencia. Marí, en cambio, criticó la normativa porque «prohíbe la música» y «no se puede cumplir».

Di Terlizzi defendió la limitación del ruido en el municipio ya que «se ha hecho para mejorar la convivencia entre vecinos y turistas» aunque reconoció que se debe subsanar el error que afecta a la música en vivo.

Finalmente, Ferrer también defendió las limitaciones. «Había que poner un poco de orden donde no lo ha habido», argumentó y añadió que «si se hiciera lo que quisiera la industria del ocio nocturno probablemente muchos tendríamos que irnos de la isla». «Nadie quiere acabar con la industria turística de la que dependemos pero hay que poner límites», matizó.