La campaña de inspecciones en VPO de Ibiza se salda con seis expedientes sancionadores

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En imagen, el alcalde de Vila, Rafa Ruiz, y el conseller de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears, Marc Pons.

En imagen, el alcalde de Vila, Rafa Ruiz, y el conseller de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears, Marc Pons.

12-09-2018

La campaña de inspecciones en Viviendas de Protección Oficial (VPO) de Ibiza se ha saldado con 14 expedientes abiertos, seis de ellos de tipo sancionador, según han informado en rueda de prensa el alcalde de Ibiza, Rafael Ruiz, y el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, quienes han presentado los resultados de la iniciativa que se ha centrado en tres zonas en total.

En concreto, en el municipio de Ibiza se ha llevado a cabo en Playa d'en Bossa y Can Misses; así como en Puig d'en Valls, en el caso de Santa Eulària. En estas áreas se concentran 150 VPOs, realizándose 40 inspecciones durante la campaña.

Según han destacado desde el Ayuntamiento, en ocho de los expedientes iniciados, se ha requerido más información a los propietarios.

Así, se han detectado viviendas destinadas al alquiler irregular, al alquiler turístico irregular y se han localizado VPOs vacías.

El alcalde ha señalado que la campaña «es una muestra más de la colaboración entre las dos instituciones y un trabajo consensuado y de comunicación entre los equipos de trabajo».

Pons, por su parte, ha afirmado que es una iniciativa «nueva», que se ha centrado en la temporada alta y en las Viviendas de Protección Oficial. Según ha recordado, sus propietarios obtuvieron ayudas públicas y, por ello, están sometidos al cumplimiento de una serie de exigencias. Los incumplimientos suponen un «mal uso» de los inmuebles, por lo que son sancionables «y el Govern tiene la obligación de ejecutar este control».

El conseller ha recordado que con la Ley de Vivienda, en vigor desde junio, está previsto impulsar acciones de inspección con un equipo de 24 personas dedicadas a esta labor. «La previsión es que a finales de año haya 13 inspectores en Baleares y se vaya ampliando el servicio hasta los 24 inspectores», ha dicho.

El Consistorio ha facilitado a la Conselleria toda la información sobre las VPOs del municipio, coordinando conjuntamente un dispositivo en el que participan celadores municipales.

Según ha recordado el Ayuntamiento, el mal uso de estas viviendas puede derivar en graves sanciones que van de los 3.000 a los 30.000 euros, de hasta 90.000 euros en caso de sanciones muy graves y pérdida de vivienda, si se producen reiteraciones.

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