La actividad de vigilancia con los medios municipales propios (celadores de obras, policías locales, personal de medio ambiente y de otros departamentos del Ayuntamiento) y las denuncias de particulares y de otras administraciones permitieron el año 2017 abrir 215 expedientes de disciplina urbanística de diferente tipo.
Entre estos expedientes, 95 de ellos fueron los definidos como "de diligencias previas por infracción urbanística", unos procedimientos administrativos que permiten a la Administración optar por la suspensión de las obras o de los usos de una instalación para garantizar la seguridad de las personas o para garantizar que no se llevan adelante actuaciones no permitidas. Este año, a falta de un par de días para finalizar agosto, la cifra ya se sitúa en 60 expedientes.
Los expedientes sancionadores por infracción urbanística son el otro gran grupo de expedientes gestionado por el departamento de Infracciones. En este caso se trata de procedimientos que pueden finalizar con sanción hacia los responsables de la actuación. De hecho, en el año 2017, se consiguieron recaudar unos 402.500 euros por las multas impuestas, fundamentalmente en ese mismo ejercicio y al anterior, aunque también se acabaron cobrando sanciones por procedimientos iniciados en otros años y que han tenido una tramitación más dilatada por su complejidad, los recursos presentados por las partes, etc.
Un tercer grupo de expedientes es el de reposición de la realidad física alterada (derribos), que llegaron a los 38 del año pasado, mientras que los de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida fueron 11. Este año, estas dos categorías han sido unificadas por la nueva Ley de Urbanismo 12/2017. Ligado en estos expedientes, el año pasado se recaudaron unos 24.400 euros por las denominadas 'multas coercitivas', es decir, por incumplimiento de la obligación de restituir la realidad física alterada cuando así se ha ordenado. Este año, de momento los ingresos por este concepto alcanzan 7.850 euros.
Por último, desde Infracciones en 2017 se abrieron 21 expedientes de órdenes de ejecución (mandatos que realiza el Ayuntamiento a un tercero para que ejecute una mejora en la conservación o seguridad de un elemento), cifra que este año a se sitúa en 10 procedimientos.
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