Rueda de prensa ofrecida ayer en la sede del CSIF.

Las principales agrupaciones representativas de Guardia Civil y Policía Nacional y la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), hiciero público ayer su malestar y denunciaron públicamente que los presupuestos generales del Estado no incluyan, tras nueve años de reivindicación, la indemnización por residencia para las islas menores, que se aplica en Canarias y se considera igualmente necesaria en Ibiza, Formentera y Menorca.

Juan Nieto de CSIF hacía hincapié en que año tras año reciben «buenas palabras y predisposición» por parte de todos los grupos políticos para poner en marcha este complemento, «que siempre caen en saco roto».

Un complemento salarial que en Canarias es de media en torno a los 300 euros mensuales, y «supondría un incentivo» para atraer a profesionales de la administración y cubrir las necesidades de la isla. Problemas como la vivienda o el alto nivel de vida, en comparación con otras regiones españolas, están provocando, según CSIF, que sea complicado cubrir las plazas vacantes y ello redunde en un peor servicio. Algo que en cierta manera se podría paliar, consideran, con la existencia de este plus por insularidad.

Es por ello que se anunció la intención de acudir directamente al Ministerio de Hacienda para hacer llegar de forma directa esta reivindicación.

Por otra parte a partir de septiembre se llevarán a cabo reuniones informativas en los distintos centros de trabajo para, si se considera necesario, elaborar un calendario de movilizaciones.

Agravio comparativo

En la rueda de prensa se informó de que recientemente se han publicado instrucciones para subir en torno a 200 euros brutos el salario al cuerpo de la Guardia Civil, Instituciones Penitenciarias y a los funcionarios de la Oficina de Tráfico, con un complemento en concepto de «productividad», en el que se reconoce como motivo «las especiales circunstancias que concurren en este territorio, que dificultan el normal desarrollo de los servicios públicos».

Un complemento que, de forma implícita, quiere compensar los problemas que supone la insularidad, indican desde CSIF. Sin embargo se trata de una orden puntual aplicable sólo a 2018, y que «contenta a unos pocos y deja fuera al grueso de la expedición», manifestó Nieto.

Así, valoró como un «agravio» que este complemento «exhiguo» se aplique a una parte de los empleados públicos que dependen de la administración central y a otros no.

Por otra parte se señaló el «sinsentido» de que se aplique este plus a la Guardia Civil de Ibiza y no a la de Formentera, que sufre de «triple insularidad».

David Rúiz, de la Confederación Española de Policía (CEP), indicó la importancia de este complemento que se trasladaría a un mejor servicio al ciudadano, al fomentar la estabilidad en la plantilla. Explicó que, en el ámbito de la policía, el cambio contínuo de plantilla que se está produciendo en Ibiza redunda en un servicio más lento, ya que un agente que lleva menos tiempo en la isla «no conoce tan bien las calles».

Por su parte Rafael Fernández, del Sindicato Unificado de Policía (SUP) ejemplificó este problema en la persona de un compañero de trabajo que, tras 20 años en la isla, ha pedido un concurso específico de traslado. Este agente indica que «aquí sobrevive y en su próximo destino va a conseguir vivir».

Un caso que no es aislado, ya que muchos agentes veteranos en Ibiza que llevan tiempo y conocen bien el entorno y los «entresijos» de la isla se «escapan» para poder vivir.

Justicia

En el ámbito de la Administración de Justicia, Sabino Aramburu, de CSIF, recordó, también a modo de ejemplo, que incluso hay personas dentro de los bolsines que están renunciando a plazas de interinos en Ibiza, a pesar de que ello suponga salir de las listas de acceso a plazas por interinidad.

El caso particular se dio en el juzgado de Violencia de Género, donde indicó que hay varias bajas que no se cubren. Un problema que se da también en los juzgados de instrucción 2, 3 y 4.

Nieto recoró que el juzgado de instrucción número 5 de Ibiza «tenía que haberse puesto en marcha el 30 de junio, y se pospuso su puesta en marcha tres meses por la falta de personal porque nadie quiere venir aquí.

También puso sobre la mesa el caso de la baja de larga duración que va a dejar el mozo de autopsias, la persona que asiste al médico forense, que en principio no está previsto cubrir y dejará el servicio de forensía de la isla sin los efectivos necesarios para poder dar este servicio con normalidad.