El esqueleto de la mansión de Correa en sa Punta Grossa sigue en pie una década después de la paralización de las obras. | MARCELO SASTRE

En menos de un mes el cabecilla de la trama ‘Gürtel’, Francisco Correa, ha sido condenado a 57 años de cárcel –en dos sentencias diferentes– por repartir mordidas a los responsables públicos del PP que le adjudicaban contratos para la organización de eventos del partido, entre otros delitos.

Antes de que los planes se le torcieran y la Justicia apareciera en su vida, Francisco Correa, que ya veraneaba en una casa a las afueras de la ciudad de Eivissa, tenía la intención de disfrutar de su éxito empresarial en una de las zonas más privilegiadas de la isla de Ibiza. El empresario, a través de la empresa Osiris Patrimonial, se compró en de 2006 una parcela de 4.000 m2 en sa Punta Grossa, en Sant Vicent de sa Cala, donde empezó a construirse un chalé de tres plantas y 406 m2 con piscina, gimnasio y una torre de pieda construida con la técnica espina de peix. La Policía descubrió que parte de la piedra utilizada para su construcción –que se envió desde Málaga vía Dénia– se había pagado con fondos de Canal 9 a través del contrato que la constructora de Correa, Teconsa, consiguió irregularmente para para el suministro de pantallas para la retransmisión del V Encuentro Mundial de la Familia de 2006 en Valencia.

Sin embargo, en 2006, un vecino alemán denunció las obras de construcción molesto por el ruido y el Ayuntamiento de Sant Joan multó económicamente a Correa por hacer obras en época estival. Dos años después, las paralizó al descubrir que se había excedido la edificación permitida. «Se ha jodido la puta casa», llegó a afirmar en conversaciones intervenidas por la Policía. «Allí tengo enterrados 400 millones de pesetas», reveló Correa.

Llamada errónea

El cabecilla de la trama Gürtel intentó desbloquear la paralización de las obras de su chalé y llamó por teléfono al entonces conseller balear de Obras Públicas, Jaume Carbonero, para que influyera en el arquitecto técnico municipal. Sin embargo, a quien llamó realmente fue al concejal de sa Cala Jaume Marí, con quien no pudo contactar y le dejó un mensaje en el buzón de voz. Según la Policía, la intención de Correa era sobornar al aparejador de Sant Joan con un reloj de alta gama o un sobre con 6.000 euros.

Una década después de que las obras quedaran paralizadas, el chalé, que ahora está en manos de la Agencia Tributaria para que salga a subasta, sigue languideciendo en primera línea de la costa de Sant Vicent.