Imagen de la llegada de Aída Alcaraz a los juzgados para declarar en el proceso abierto tras la denuncia presentada por el jefe de la Policía Local. | Arguiñe Escandón

La concejala del Governació y tercera teniente de alcalde de Sant Antoni, Aída Alcaraz, deberá comparecer nuevamente en sede judicial para dar explicaciones por un presunto caso de acoso laboral ya que ha sido citada el próximo 19 de julio para prestar declaración en calidad de investigada a raíz de la querella presentada por un agente de la Policía Local de Sant Antoni a finales de abril.

La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, Carmen Martín, admitió a trámite el pasado 2 de mayo la querella y ahora ha dictado una providencia en la que cita a Alcaraz para declarar como imputada. Es el segundo proceso que tiene abierto la edil de Governació por presuntos casos de acoso en el ámbito laboral.

El pasado 24 de mayo, el agente querellante ratificó la denunció ante la juez instructor. Ese mismo día declararon otros dos funcionarios. Ahora, la juez ha puesto fecha a la declaración de Aída Alcaraz.

Hostigamiento psicológico

En la denuncia, el agente de la Policía Local que lleva más de 30 años en el cuerpo y es uno de los más veteranos en la plantilla, relata que desde hace dos años «viene siendo objeto de determinadas decisiones adoptadas por la superioridad manifiestamente arbitrarias y que sistemáticamente niegan cualquier petición, tratando de arrinconar al denunciante».

El denunciante describe una serie de situaciones que incluyen desde la denegación de días de asuntos propio hasta la negativa a formar parte de la Unidad de Policía Referente, para la que el Ayuntamiento convocó dos plazas. A pesar de que sólo se presentaron él y otro agente, el Ayuntamiento denegó su solicitud alegando «falta de idoneidad y ausencia de datos relativos a formación y méritos». El denunciante resaltó que lleva más de 30 años de servicio y que el Ayuntamiento no cubrió la segunda plaza hasta pasados ochos meses y tras preguntar «agente por agente».

En 2016, «viendo el arrinconamiento y desgaste», el agente denunciante solicitó un traslado acogiéndose a una comisión de servicios en Sant Josep. El Ayuntamiento denegó dicha solicitud alegando «necesidades del servicio» y tan sólo tres meses después sí que otorgó una comisión de servicios a otro agente.