Imagen de archivo de la concejal de Governació, Aída Alcaraz, el día que fue a declarar por la primera denuncia de acoso laboral. | Archivo

El segundo agente de la Policía Local de Sant Antoni que denunció ser víctima de acoso laboral por parte de la concejal de Governació, Aída Alcaraz, ratificó ayer en sede judicial los hechos expuestos en la querella presentada, según confirmaron fuentes judiciales.

El agente y otros dos testigos declararon ayer ante la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, Carmen Martín, quien el pasado 2 de mayo admitió a trámite la querella presentada por el agente contra la edil y tercera teniente de alcalde de Sant Antoni, Aída Alcaraz.

Las declaraciones de ayer eran las primeras solicitadas por la juez que investiga los hechos.

Ratifica los hechos denunciados

En la denuncia, el agente de la Policía Local que lleva más de 30 años en el cuerpo y es uno de los más veteranos en la plantilla, relata que desde hace dos años «viene siendo objeto de determinadas decisiones adoptadas por la superioridad manifiestamente arbitrarias y que sistemáticamente niegan cualquier petición, tratando de arrinconar al denunciante».

El denunciante describe una serie de situaciones que incluyen desde la denegación de días de asuntos propio hasta la negativa a formar parte de la Unidad de Policía Referente, para la que el Ayuntamiento convocó dos plazas. A pesar de que sólo se presentaron él y otro agente, el Ayuntamiento denegó su solicitud alegando «falta de idoneidad y ausencia de datos relativos a formación y méritos». El denunciante resaltó que lleva más de 30 años de servicio y que el Ayuntamiento no cubrió la segunda plaza hasta pasados ochos meses y tras preguntar «agente por agente».

En 2016, «viendo el arrinconamiento y desgaste», el denunciante solicitó un traslado acogiéndose a una comisión de servicios en Sant Josep. El Ayuntamiento denegó dicha solicitud alegando «necesidades del servicio» y tan sólo tres meses después sí que otorgó una comisión de servicios a otro agente.

En el auto fechado el pasado 2 de mayo, la jueza advierte que los hechos relatados por el denunciante «hacen presumir la posible existencia de un delito de acoso» y por ello se instruyen las diligencias previas.