Tras el periodo de exposición pública y haberse dado respuesta a las 246 alegaciones recibidas, el proyecto de decreto sobre la protección de la posidonia oceánica se envió ayer al Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) para que se tramite con carácter de urgencia y resolver en 15 días en lugar de los 45 habituales.

Este trámite es el paso previo a la aprobación del decreto, que la conselleria de Medi Ambient espera que entre en vigor este mismo verano. Antes, sin embargo, el Consejo Consultivo tiene que emitir su dictamen a petición de la presidenta del Govern, Francina Armengol. Nuevamente, se solicitará el carácter de urgencia para que el ente se pronuncie en el plazo de un mes. De esta manera, Balears será la primera región europea en regular la protección de esta planta.

Según señalaron desde la conselleria de Medi Ambient, durante la tramitación de este decreto han tenido la oportunidad de escuchar a todos los sectores implicados y dar respuesta a las preguntas que se han formulado. En los tres procesos públicos se han recibido más de un millar de aportaciones presentadas tanto por el sector náutico como por los ecologistas, otras administraciones y el resto de ciudadanos.

En la redacción definitiva del decreto, añadieron desde la conselleria, se han tenido en cuenta todas las alegaciones y se ha mantenido el objetivo final que es la protección de esta planta endémica del Mediterráneo.

Por otra parte, se ha modificado la definición de ‘pradera’, eliminando la extensión mínima de una hectárea y adoptando la definición de la directiva de hábitats.

En la regulación de fondeos, se establecen zonas de alto valor y se regulan como zonificación para desarrollar el decreto que prohíbe los nuevos emisarios que afecten negativamente a la posidonia. También se ha cambiado el ámbito reducido de afección, que pasa de un 1% de la pradera a 100 metros cuadrados.