Los últimos hechos acontecidos en sa Penya han dado como resultado numerosas quejas por parte de los vecinos que sufren, según dicen desde hace tiempo, la falta de seguridad en el barrio. En este sentido, el Ayuntamiento de Ibiza informó ayer que, durante esta semana, «hay una vigilancia solicitada por los vecinos en diferentes zonas del barrio».

En concreto, además de la Policía Local del barrio, ayer se pudo constatar la presencia de una patrulla de la Policía Nacional realizando un servicio solicitado a partir de una llamada telefónica. Uno de los puntos de control en los que estuvieron fue, precisamente, en la casa de Valentina Assordi, en la calle Retir, después de que el miércoles tuvieran que tapiarla por segunda vez en menos de un mes tras un nuevo intento de ocupación.

En el número 39 de esa misma calle, dos albañiles tapiaron los accesos de entrada a otra vivienda privada cuyo lanzamiento se produjo el 1 de febrero y había sido okupada de nuevo. Según ha podido saber este periódico, otras cuatro casas más se encuentran en la misma situación.

«No es nada nuevo y se da en diferentes viviendas del barrio», explicaron desde el Consistorio. «Lo que se está haciendo ahora no dejan de ser operativos habituales en la Policía Local. De hecho, también se realizan dispositivos de este tipo, fundamentalmente persuasivos, en otros barrios de la ciudad», declararon.

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Se trata de una acción más dentro del plan previsto para llevar a cabo la rehabilitación de la UA27, junto con el resto de viviendas de propiedad municipal, para «volver a dar vida a sa Penya», añadieron.

LA NOTA

Tapiados varios inmuebles de titularidad pública y privada

El miércoles, Valentina Assordi, propietaria de una vivienda de la calle Retier, volvió a sufrir las consecuencias de las ocupaciones. Si a principios de febrero lograba recuperar su casa después de 11 años de trámites judiciales, los okupas volvieron a intentar acceder abriendo un agujero en la puerta principal. Una situación que le hace replantearse si vender el inmueble a pesar del dinero invertido en él que, entre facturas y abogados, supera los 12.000 euros. Su caso no es el único en el barrio de sa Penya.