La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) ha confirmado la suspensión de empleo y sueldo a una funcionaria interina que facilitó a un imputado por delitos de violencia de género y a su abogado datos concernientes a la pareja del acusado, al que esta había denunciado por un caso relacionado con malos tratos.
La sentencia confirma la suspensión de tres años y tres meses por una falta muy grave interpuesta en diciembre de 2015 por facilitar los datos de la mujer, pero acepta parcialmente el recurso de la funcionaria y declara nula la falta grave impuesta por, supuestamente, hacer desaparecer un parte de lesiones porque «no existe» ningún testigo que la viera destruyéndolo.
La Sala señala que en este caso se debe tener en cuenta «la especial» problemática del juzgado de Ibiza donde ocurrieron los hechos ya que en él existen «unas pésimas relaciones personales» entre los funcionarios y la secretaria judicial, una cuestión «que se demuestra con la interposición de denuncias penales y querellas».
Según se explica, esto «refleja una conflictividad que está muy lejos de ser la tónica habitual en la marcha de un juzgado de forma que esa desaparición bien puede ser debida a otras causas o acciones y no necesariamente debido a una acción voluntaria de la recurrente».
Por otro lado, el juez señala que se aprecia «con claridad» que la funcionaria «busca dificultar y entorpecer» el desarrollo del expediente sancionador y pone como ejemplo «la dificultad a la hora de notificarle resoluciones y la petición reiterada de suspensión de señalamientos que le fue admitida hasta en dos ocasiones».
Juzgado problemático
La funcionaria sancionada desarrollaba su labor en el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer, un juzgado que en los últimos años ha estado marcado por la carga de trabajo, los problemas de falta de personal por bajas por enfermedad de muchos de sus trabajadores y el consiguiente retraso en los casos.
El decano de los Juzgados de Ibiza, titular del juzgado especializado, viene denunciando desde hace años las deficiencias de forma reiterada ante la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia, «especialmente las dificultades para cubrir todas las bajas de personal». En algunos momentos el juzgado llegó a funcionar con tan sólo dos funcionarios.
LA NOTA
Juzgado bajo investigación por el caso Sara Calleja
El juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Ibiza viene arrastrando problemas desde hace años y a finales de 2015 ya fue objeto de una inspección extraordinaria llevada a cabo por técnicos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una inspección motivada por las «dificultades detectadas en los últimos meses», señalaron en su día fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB). Esta acción había sido solicitada al Ministerio de Justicia en octubre por el Parlament balear a raíz de una iniciativa del diputado del PP Miquel Jerez tras la muerte de Sara Calleja, quien se quitó la vida en Ibiza acosada por su expareja. Antes de morir, Sara Calleja, de 51 años y natural de León, dirigió una carta a la juez en la cual relataba su tormento y se preguntaba por qué no hubo respuesta judicial a sus dos últimas denuncias.
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