El pleno del Ayuntamiento de Sant Josep aprobó ayer, con los votos en contra del PP y la abstención de Guanyem y Alternativa Insular, la nueva ordenanza municipal del ruido y vibraciones. El equipo de gobierno explicó, a través de la primera teniente de alcalde, Paquita Ribas, que se han recibido un total de seis alegaciones por parte de empresas de ocio o de hostelería y una de la Cooperativa de Sant Antoni en contra de esta ordenanza, y que todas han sido desestimadas por no tener «sustancia suficiente» para ser incorporadas. Según Ribas, se cuestionaban aspectos como la extralimitación de funciones en el aumento de multas o la competencia del Ayuntamiento a la hora de permitir a la Policía Local a cerrar de forma cautelar los equipos de música de los establecimientos que no tengan limitadores o los hayan manipulado, así como el máximo de decibelios que se permiten o la zonificación.

Además, había otra alegación respecto a la tramitación porque en la primera exposición pública faltaban unos planos. En este aspecto, Ribas aseguró que se subsanó el error y se amplió el plazo de alegaciones con una segunda exposición.

Limitación en suelo rústico

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No obstante, la polémica se dio con la alegación de la Cooperativa de Sant Antoni en la que planteaban si el suelo rústico tiene que ser considerado suelo residencial a la hora de zonificar y si se deben mantener los límites de ruido.

El concejal del PP, Javier Marí, aseguró que al realizar esta modificación, la ordenanza «va en contra de las explotaciones ganaderas» y causará «problemas» al Ayuntamiento. «Hay actividades agrarias en suelo rústico que no se pueden limitar como si estuvieran en uso residencial. Un tractor labrando con un retovator no cumple la ordenanza de ruidos», apuntó Marí, que señaló que «para actuar en contra de las actividades musicales que se realizan en suelo rústico están implicando a toda una serie de sectores agrarios».

Paquita Ribas recordó que la mayor parte de Sant Josep es suelo rústico y la actividad agrícola es una mínima parte de la actividad que se realiza. «Nunca nadie ha pedido una sonometría porque le moleste el ruido de las vacas. El problemas es cuando las vacas se cambian por equipos de música», argumentó Ribas, que recordó que el objetivo de la ordenanza es ser «más efectivos» para «mejorar la convivencia».

Uno de los cambios más importantes de la ordenanza es obligar a los beach clubs a tener limitadores que no permitan emitir música a un volumen superior de 65 decibelios. En esta modificación también se incluye una graduación de las sanciones para que los establecimientos que más ruido hagan tengan sanciones más duras, autoridad a los agentes de policía para que puedan precintar al momento los equipos de música que hayan sido manipulados y tipificar como infracción grave incumplir el requerimiento policial de parar la música en fiestas en viviendas particulares, que conllevará sanciones de 12.000 euros. Finalmente, se incorpora una zonificación acústica del municipio para establecer el uso principal de todas las zonas del municipio (residencial, turístico, industrial) y, a partir de aquí, establecer un máximo de decibelios autorizados.