El Parlament balear aprobó ayer la nueva Ley de Urbanismo con el voto de los partidos de izquierda y, gracias a la suma de votos de PSIB y PP, también ha salido adelante la polémica disposición que permitirá la legalización de proyectos urbanísticos en la Platja d’en Bossa, entre los que figuran algunos de la familia Matutes.
Esta disposición de la ley salió adelante gracias a la suma de los votos de socialistas y populares, mientras que Podemos y MÉS, socios del PSIB en el Govern balear, votaron en contra. Ciudadanos y el PI se abstuvieron.
Los diputados de Podemos y MÉS Alberto Jarabo y David Abril calificaron esta disposición de «urbanismo a la carta», de ahí su negativa, mientras que el diputado del PSIB-PSOE Damià Borràs dejó claro que el Ayuntamiento de Sant Josep será el que decidirá si califica como urbanos estos terrenos rústicos donde las construcciones ya han sido finalizadas en un porcentaje 90 %.
Finalmente fue rechazada una propuesta del PP para que no se diera esta excepción solo en Ibiza, sino que fuera posible legalizar también en el resto de las islas todas aquellas urbanizaciones y construcciones que prácticamente están finalizadas. A pesar de ello, los populares han apoyado la disposición introducida por los socialistas en esta ley.
Además, también se aprobó una disposición transitoria recuperada de la ‘ley Company’ para que el Ayuntamiento de Eivissa pueda terminar la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El 1 de enero entra en vigor
Esta nueva normativa, abreviada con las siglas LUIB, cuenta con unas 200 páginas, entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2018 y tiene la intención de reforzar la disciplina, agilizar los planeamientos y obligar a destinar suelo a vivienda pública.
En la ley, que ha incorporado total o parcialmente más del 30 por ciento de las enmiendas de los grupos, destaca, como medida concreta, que las construcciones ilegales en rústico puedan «ser demolidas siempre» y que esta demolición nunca prescriba.
Aunque tiene vocación de «perdurabilidad», según defendieron los grupos que la apoyan y el Govern, desde el PP dudaron que vaya «a iniciarse ninguna tramitación, dado lo que queda de legislatura», según las palabras de la diputada popular Antònia Perelló, que también señaló que la disposición transitoria 11 podría incurrir en una «posible inconstitucionalidad».
Esta disposición hace referencia a los ámbitos espaciales homogéneos y los edificios en situación de ruina física, que se considerarán así «independientemente» de que haya o no un expediente de declaración de ruina si es «manifiestamente inhabitable por estar derruido o semiderruido».
En concreto, el Govern busca con la LUIB dar más garantías a la protección de suelos protegidos (ANEI, ARIP y áreas de protección APT costeras), el incremento del parque de vivienda pública e impedir la reclasificación como suelo urbano de los asentamientos en medio rural, así como cerrar la puerta a la amnistía de las edificaciones fuera de ordenación en rústico.
En cuanto a las medidas de disciplina urbanística, en suelo urbano o urbanizable se prevén multas de entre el 50 y el 70 por ciento del valor de la obra ejecutada si el uso está permitido y entre el 75 y el 100 por ciento del valor si el uso no está permitido.
Para obra e instalaciones en suelo rústico, las multas serán del 300 por ciento del valor si el uso está prohibido y entre el 150 y el 300 por ciento del valor si el uso está autorizado.
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Se carraca, usted ha abandonado a gente que tenía su ilusión puesta en Benirras