Morrás (derecha) llegando a una sesión del Parlament. | M. À. Cañellas

El Govern y Podemos han eliminado las trabas que hasta ahora impedían el acuerdo para que se aprobara la Ley de Vivienda. Una ley, que previsiblemente se aprobará en febrero y que incluirá (mediante enmiendas que ya han sido pactadas) reclamaciones históricas de la formación morada. Por ejemplo: que el derecho a la vivienda no sea una mera declaración de intenciones.

La ley incluirá un artículo que define el «derecho a la vivienda para situaciones de especial vulnerabilidad» y que establece que una vez agotada la vía de reclamación administrativa ante el Govern, se podrá interponer un recurso ante los tribunales. El diputado de Podemos Aitor Morrás destacó este jueves la relevancia de este asunto. El diputado Morrás precisó que, lógicamente, la consecuencia de la ley no es que cualquier persona pueda reclamar una vivienda al Ejecutivo y que éste se la tenga que conceder pero sí que la Administración debe prever procedimientos económicos para garantizarlo. «Con el reconocimiento de este derecho, las personas en riesgo de exclusión residencial, que son las que ahora se encuentran en las listas de espera del IBAVI, podrán exigir ante los tribunales que el Govern les garantice una vivienda digna por primera vez», precisó.

Las condiciones para hacer efectivo este derecho vendrán marcadas por un reglamento, un reglamento que tendrá en cuenta las diferencias entre Islas. Ni los ingresos ni los problemas de acceso a la vivienda son los mismos en Mallorca que en Eivissa, por ejemplo. Para ejercer este derecho será preciso haber estado empadronado en Balears un mínimo de cuatro años. Otra de las enmiendas específicas de Podemos que ya han sido aceptadas alude a las cooperativas de vivienda en régimen de cesión de uso. Lo que regulará esta enmienda será que las administraciones puedan ceder suelo a cooperativas de vivienda para ser utilizadas durante un número determinado de años.
Hoy termina el plazo para presentar las enmiendas al proyecto de ley que se aprobará en 2018.