Imagen de la concejal de Governació, Aída Alcaraz, conversando con Ángeles Gallardo.

La contratación de Ángeles Gallardo como directora técnico de Seguridad de Sant Antoni llegará al Tribunal Supremo. Ayer por la mañana, María de Cortes Risueño, abogada del jefe de la Policía Local de Sant Antoni, Javier Verdugo, presentaba un recurso de casación contra la sentencia de la Sala Contencioso Adminsitrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears que estimó un recurso presentado por Sant Antoni y que revocaba una primera sentencia que declaraba irregular la contratación de Gallardo.
El recurso se presentó en plazo y ahora las partes deberán esperar a ver si el Alto Tribunal admite a trámite este último recurso.
El pasado 5 de octubre, tras tener conocimiento de la sentencia, Javier Verdugo ya apuntó la posibilidad de seguir pleiteando «porque entiendo que la razón me acompaña y que así quedó constatado en la primera sentencia, que fue muy contundente y reseñó varias irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de Sant Antoni en el proceso de contratación de Ángeles Gallardo», manifestó Verdugo.

Batalla judicial

El inspector de policía argumentó que la presentación del recurso se ha hecho en plazo y han agotado los días porque «los recursos ante el Supremo hay que llevarlos muy bien fundamentados».

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Con la presentación de este recurso se abre un nuevo capítulo en el pulso judicial abierto entre Verdugo y el equipo de gobierno de Sant Antoni por la contratación de Ángeles Gallardo.

La sentencia ahora recurrida estimaba la apelación del Ayuntamiento y revocaba el auto anterior del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma que había estimado el recurso de Verdugo contra la contratación de Ángeles Gallardo. El tribunal desestimó el recurso interpuesto en su día por el jefe de Policía Local contra el acuerdo de pleno que el 28 de enero de 2016 aprobó la plantilla de personal del Consistorio, que incluía la creación de una plaza de director técnico de Seguridad. Verdugo había impugnado también la ficha laboral con los requisitos y funciones del puesto, y el decreto del 1 de febrero de 2016, firmado por el alcalde Pep Tur ‘Cires’, en el que se autorizaba el nombramiento de Ángeles Gallardo para ese puesto como personal eventual.

Anteriormente, el 8 de noviembre de 2016, la jueza Sonia Martín Pastor había estimado «plenamente» el recurso planteado por Verdugo. En los fundamentos de derecho de la sentencia, la jueza del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma sentenciaba que el 26 de noviembre de 2015 el Ayuntamiento «procedió, prescindiendo absolutamente de todo el procedimiento, a la creación de la plaza de personal de confianza de director técnico de Seguridad con anterioridad a la creación del cargo, nombrando a Ángeles Gallardo». El fallo también acordaba declarar nula la resolución que contenía las funciones del puesto de director técnico de Seguridad «por vulneración por aplicación incorrecta del artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico del Empleado Público y vulneración por aplicación incorrecta del artículo 104 de la Ley Reguladora de las bases del Régimen Local».

Verdugo entiende que aquel primer fallo estaba muy bien fundamentado y por ello sigue pleiteando.