Entrada a una de las viviendas sociales que el Ayuntamiento de Eivissa posee en Dalt Vila. | Archivo - Periódico de Ibiza y Formentera

El Consell d’Eivissa continúa ultimando la licitación para la adquisición de pisos y su posterior cesión a los ayuntamientos para que éstos los dediquen a emergencia social.

La vicepresidenta primera y responsable del área de Habitatge del Consell, Viviana de Sans, aseguró ayer que en la futura licitación, que espera que esté lista a principios del año 2018, el precio de salida que la máxima institución insular está dispuesta a pagar por los inmuebles será de 3.000 euros/m2. La máxima institución se basa en una compra de viviendas por parte del Gobierno en 2008 que «estipulaba diferentes precios públicos, uno de ellos el precio concertado, de 3.000 €/m2 y que sería el precio de salida, y que es el que incluiremos porque creemos que con el resto de precios la licitación quedaría desierta», apuntó De Sans. Esto supondría que para un piso de 90 m2 el Consell pagaría como máximo 270.000 euros.

En cuanto a los inmuebles propiedad de las entidades financieras, el Consell «quiere poner una serie de condiciones específicas para que rebajen, en mucho, este precio porque deberían tener un acto de responsabilidad social», señaló la vicepresidenta primera del Consell d’Eivissa.

En cuanto a la redacción de los pliegos, Viviana de Sans explicó que «se está retrasando más de lo que nos hubiera gustado por una cuestión de competencias que intentamos resolver». La portavoz de Podem–Guanyem añadió que su grupo ha presentado una enmienda a la Ley balear de Vivienda «que facilite esta licitación pública y esperamos que la licitación no quede desierta y podamos comprar vivienda, además de las promociones de Vivienda de Protección Oficial que quiere hacer el Govern, que es una medida a más largo plazo».

LA NOTA

La intención es comprar hasta 40 pisos a los bancos

El Consell d’Eivissa anunció en abril que destinaría 7 millones de euros de su presupuesto a la compra de vivienda para, a posteriori, ceder los pisos a los ayuntamientos, que son los que tienen las competencia en emergencia social y que puedan destinarlos a este efecto. El resto, se cederían al Ibavi para que los añada a su oferta de vivienda en alquiler social. La intención de la máxima institución insular es comprar una cuarentena de pisos que las entidades bancarias tienen en su poder. Sin embargo, la licitación para la compra de estos inmuebles se está retrasando debido a que el Consell no tienen competencias en materia de vivienda. Desde la máxima institución insular esperan poder empezar la licitación a principios del año 2018.