Montoro, en una imagen de archivo junto a Francina Armengol y la consellera Catalina Cladera.

Balears recupera el control completo de sus finanzas tras un año de vigilancia y supervisión por parte de los ‘hombres de negro’ del Ministerio de Hacienda. El departamento de Cristóbal Montoro envió una carta el pasado viernes a la consellera Catalina Cladera en la que le informa de que deja de estar sometida a la vigilancia mensual de sus cuentas.

La razón es sencilla: ya hace seis meses que la consellera cumple con los proveedores y paga por debajo de los 30 días de media que estipula la ley de estabilidad presupuestaria. El último dato, correspondiente al mes de agosto, sitúa el periodo medio de pago a proveedores en 19,45 días. En julio del año pasado, el periodo medio de pago llegó a 83 días tras meses de ascensos imparables.

Esa cifra negativa le costó al Govern una semi intervención de sus cuentas: en octubre del año pasado llegó una carta del ministro en la que comunicaba a la consellera que, desde ese momento, tomaba el control de las cuentas. Durante todo este año, el Govern ha estado obligado a detallar cada mes en qué se gasta el dinero que le llega del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Dinero libre

La supresión de esta vigilancia hará además, que el Govern pueda disponer libremente de los 12,7 millones de euros de liquidación definitiva del sistema de financiación de los años 2008 y 2009. Esas cantidades también estaban controladas por el Gobierno.

Aún se mantienen ciertos controles mínimos derivados del hecho de acogerse al FLA, pero a partir de 2018, una vez que no haga falta recurrir a este fondo por el cumplimiento de los objetivos de déficit, también se eliminarán estos controles.

El buen comportamiento en el plazo de pago a proveedores libera a la Comunitat de esta supervisión que no llegó a la intervención total, pero estuvo a punto.

La intervención significa que el Ministerio toma el control directo de los pagos a los proveedores. Es decir, en lugar de enviar dinero a la Comunitat Autónoma correspondiente al sistema de financiación, el Gobierno pasaba a pagar directamente las facturas y después restaba esos gastos al dinero enviado a la Comunitar. Aragón y Extremadura pasaron por esa situación, estuvieron intervenidas, y Balears se quedó a menos de siete días. En julio de 2016, el plazo de pago era de 83 días; de haber llegado a 90, el Ministerio habría decidido la intervención.

En su carta, el Ministerio deja sin efecto las medidas previstas en la ley de Estabilidad Presupuestaria e informa a la consellera que ya no es necesaria la remisión de información adicional que prevé la ley. El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, se despide valorando el esfuerzo realizado por la Comunitat en relación al cumplimiento de los objetivos de estabilidad y los periodos medios de pago a los proveedores.