Díaz lamentó las restricciones del Gobierno a la contratación de personal durante el anuncio de una oferta publica de empleo con 34 plazas, de las cuales siete son de nueva creación, mientras las otras 27 actualmente están ocupadas por interinos.
La oferta pública de empleo incluye una plaza de letrado, una de bombero, un ingeniero/técnico de obras públicas, dos plazas de auxiliar de información turística y dos de educador social.
Las 27 plazas de la oferta complementaria de empleo corresponden a Servicios Sociales, Hospital Residencia Asistida Cas Serres, Servicios Técnicos y Servicio de Inspección Técnica de Vehículos, con varias plazas de médico, psicólogo, delineante, monitor de laborterapia, limpiador, auxiliar de enfermería, administrativo, auxiliar de administración, auxiliar de enfermería, celador y ayudante de cocina.
Según la Ley de Presupuestos del Estado, la oferta complementaria debe ser de plazas ocupadas de manera temporal e ininterrumpidamente, al menos, en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2016, y de las plazas dotadas presupuestariamente y ocupadas con anterioridad al 1 de enero de 2005.
Del total que cumplen los requisitos en cuanto a la oferta complementaria (27 plazas), el Gobierno central permite que se convoquen un máximo del 90%, lo que supone que finalmente saldrán a convocatoria pública 25.
La vicepresidenta segunda señaló que esta propuesta da cumplimiento al «compromiso» del gobierno insular ante la Mesa General de Negociación, formada por representantes del Consell y de los sindicatos CSI-F, CCOO y UGT.
Según apuntó Díaz, el Consell Insular sacará oferta públicas de empleo cada ejercicio, tras cuatro años en los que no se ha realizado ninguna.
Más inspectores
En paralelo, el departamento de Recursos Humanos, según explicó Díaz, ha encargado «informes potentes» a empresas externas con el objetivo de justificar la contratación de inspectores para los departamentos de turismo y transportes, infradotados según el equipo de gobierno insular.
«El Estado tiene que abrir la mano a estas instituciones que estamos saneadas económicamente y que podrían tener el personal adecuado para llevar a cabo los servicios que queremos dar; queremos que se cumpla la ley de alquileres turísticos, que se cumpla toda la protección del territorio, que no haya transporte ilegal... pero todo eso se puede hacer si tienes personal», explicó la dirigente socialista, que recordó que la máxima institución insular cuenta con 637 empleados públicos, muy lejos de los 800 con que disponía en 2011.
LA NOTA
«En Extremadura tienen chóferes»
Marta Díaz explicó dos ejemplos que según ella ilustran las restricciones que suponen para las administraciones
saneadas la Ley de Estabilidad Presupuestaria del PP. «Estuve en Calella y nos dijeron que en una visita oficial a Extremadura los inspectores iban en coche oficial con chófer. ¿Cómo puede ser eso? Porque tienen mucho dinero para gastar y no saben en qué gastarlo. Aquí no es que no tengamos chófer, es que no tenemos ni inspectores», afirmó Díaz, que además aseguró que «día sí y día también» los diferentes consellers le piden más personal para sacar adelante sus políticas.
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