La Audiencia anula la fianza de tres millones a controladores aéreos de Balears

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Imagen de archivo de una pantalla de información de vuelos en el aeropuerto de Ibiza.

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13-09-2017 | Archivo - Periódico de Ibiza

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha dictado un auto mediante el que anula la fianza de tres millones de euros fijada en la apertura de juicio oral contra los controladores aéreos acusados de Ibiza, Palma y Mahón.

En concreto, el tribunal ha estimado los recursos interpuestos por los controladores, además de estimar parcialmente el recurso de Mapfre Global Risks, contra el auto de apertura de juicio oral dictado por el Juez instructor de la causa.

El auto de apertura imponía una fianza pecuniaria de tres millones de euros para garantizar las posibles responsabilidades civiles y pecuniarias. Ahora la Audiencia deja sin efecto únicamente la imposición y pago de dicha fianza, pero la medida no afecta a la apertura del juicio.

En el auto, la sala considera los acusados pertenecen a un colectivo que percibe «elevados ingresos» por lo que se les presume suficiente capacidad económica para asumir el pago de responsabilidades civiles, costas y multas si son condenados, teniendo en cuenta además que la responsabilidad ha sido establecida con alcance grupal.

El tribunal considera que plantear una discusión sobre la exigencia de fianza y su cuantificación «constituye un debate superfluo e infructífero, y en un procedimiento complejo como éste no hace sino complicar enormemente el trabajo judicial».

Por otra parte, respecto al recurso presentado por la aseguradora, los magistrados señalan que muchas de las cuestiones planteadas deberán debatirse y decidirse en el acto del plenario.

Según la resolución, «el auto de apertura de juicio respecto de la aseguradora no tiene otro valor que el de constituir una demanda y la fijación en él de una fianza una medida cautelar previa al juicio respecto de la cual únicamente puede oponerse a la obligación de afianzar».

Los controladores están acusados de un presunto delito de sedición por los paros en los aeropuertos de Ibiza, Palma y Mahón en diciembre de 2010.

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