Javier Marí, Carmen Ferrer y Miquel Jerez en la sede del PP Eivissa, ayer en rueda de prensa.

Tras analizar de forma exhaustiva la nueva normativa sobre la Ley Turística, el Partido Popular llegó ayer, en su sede de Ibiza, a unas conclusiones que ponen de manifiesto su total desaprobación ante un reglamento que «evidencia la falta de modelo turístico del Govern y de entendimiento entre los socios del gobierno e insistieron en la propuesta que siguen defendiendo el «no a los pisos turísticos en plurifamiliares», como ya establecía la anterior Ley Delgado.

Como ya manifestaron en la pasada rueda de prensa celebrada al respecto hace unas semanas, el PP insiste en que la situación desde el punto de vista parlamentario se está volviendo «desesperante» y supone un «total despropósito que demuestra que no se ha avanzado nada con respecto a la ley anterior», sostenía la vicesecretaria de comunicación y portavoz del PP de Ibiza, Carmen Ferrer. Además, Ferrer tildó una de las normas dirigidas a destinar más presupuesto para la contratación de inspectores dedicados a tramitar expedientes sancionadores de «hipocresía, cuando han estado dos años cargando contra la Ley Montoro porque les impedía hacer lo mismo».

Para el diputado autonómico Miquel Jerez, la falta de entendimiento se visualiza en que «incluso los partidos que apoyan al gobierno de PSIB-Més presentaron más enmiendas sobre la normativa que la misma oposición: enmiendas sobre sus propias enmiendas». La imagen que esto proyecta es la de un gobierno «frágil y caótico», lo que genera una desconfianza e incertidumbre sobre el actual gobierno, no solo en el seno de la política balear sino de la ciudadanía ante la indefinición de la nueva ley.

Carmen Ferrer reiteró que «tras dos años de trabajo no hemos avanzado nada». Aseguró que la única diferencia ahora con respecto a la Ley General Turística 8/2012 es que se puede alquilar durante 60 días al año. Para Jerez, los textos que salen de Balears no presentan calidad, «pienso que estamos en el peor momento de la historia del Parlament balear y el peor momento en la legislación de esta Comunidad Autónoma». «La gente no sabe qué puede hacer y qué no puede hacer», lamentaba Ferrer.