A partir del 20 de agosto los ayuntamientos no podrán otorgar licencias de construcción en las urbanizaciones o solares que no tengan red de alcantarillado. En esa fecha se termina la moratoria –la tercera en este sentido– que el Parlament balear aprobó a raíz de la nueva Ley de Evaluación Ambiental, que entre otras cuestiones prohíbe las party boats en espacios naturales protegidos.
Esta nueva prórroga daba dos opciones a los ayuntamientos: o exoneraba de la instalación de alcantarillado a ciertas zonas urbanas porque resulta muy costoso técnicamente bombear las aguas fecales a los colector de la depuradora o se comprometían a redactar y aprobar un proyecto de saneamiento en el plazo de un año. Y el Ayuntamiento de Santa Eulària ha utilizado ambas. Primero para dispensar a la zona de es Figueral, en Sant Carles, de red de saneamiento por la dificultad técnica que entraña, una decisión que se tomó en el pleno ordinario de octubre de 2016 y que en el de este mes de julio culminará con la modificación puntual de las Normas Subsidiarias del municipio para fijar legalmente esta dispensa antes del 20 de agosto.
Por otro lado, también se ha redactado y aprobado un proyecto de red de saneamiento para la zona de Can Fornet–Ca n’Eubarca, en Jesús, por valor de dos millones de euros que desembolsará el Ayuntamiento. «Hace tiempo que necesitábamos un proyecto de dotación de fecales y cada licencia que dábamos en esta zona obligábamos a los propietarios a depositar una fianza específica para que todos colaboraran con la dotación de fecales. Nosotros haremos el saneamiento pero luego tenemos la postestad de establecer contribuciones especiales para que cada uno pague su cuota, pero esto todavía no está decidido», explica el concejal de Urbanisme de Santa Eulària, Mariano Juan.
Por otro lado, el equipo de gobierno socialista de Sant Josep no quiere que los contribuyentes paguen el trabajo que en su día no se hizo. El responsable del área de Urbanisme, Ángel Luis Guerrero, señala que en Cala Molí no se otorgarán nuevas licencias hasta que los propietarios de los terrenos no ejecuten la red de alcantarillado prevista en un plan de urbanización de la zona que se realizó en la legislatura pasada. «El de Cala Molí es uno de los planes parciales más antiguos que tenemos y los titulares lo tendrían que haber llevado a cabo en su día. El proyecto es de 4,5 millones y hemos pedido separar la parte del alcantarillado, que sería de entre 700 y 800 mil euros, porque pensamos que no tiene que pagarlo el Ayuntamiento, por lo que hasta que nos pongamos de acuerdo en quién lo paga no se podrán dar licencias», apunta Guerrero, quien señala que hay cuatro parcelas en sa Torrassa que están en la misma situación.
El pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni, el pasado mes de noviembre, también dispensó de la red de saneamiento a la zona de Can Germà–Loma Pinar, por lo que allí se podrán seguir otorgando licencias sin tener alcantarillado. Eso sí, todavía no se ha plamado en su planeamiento urbanístico.
LA NOTA
Antúnez: «Los políticos no han hecho nada de nada»
La presidenta de PIMEEF Construcción, Consuelo Antúnez, se muestra muy crítica con la actuación de los políticos ibicencos durante el año de moratoria, ya que según su opinión, no se han puesto las pilas a la hora de adaptarse a la Ley de Evaluación Ambiental. «Nosotros hemos enviado una carta a todos los ayuntamientos solicitando información sobre las medidas que han tomado en este tiempo pero no hemos recibido ninguna
contestación, por lo que para nosotros los políticos no han hecho nada de nada», asegura Antúnez. La representantes de los constructores asociados a la PIMEEF señala que «los políticos, ya que nos limitan
construir en suelo rústico por temasmedioambientales, que por lomenos favorezcan el construir en suelo urbano».
3 comentarios
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Bravo por Santa Eulalia que es el único que se ha puesto las pilas y tiene un proyecto de saneamiento en marcha en vez de exonerar.
Completamente de acuerdo con Pepet, tanto el Consell como el Ayuntamiento de San Joan tienen secuestrada a unos propietarios con Licencias legales y pagadas, y son incapaces de darles una solucion. A ver si la justicia pone coto a estos politicos que miran por sus intereses y putean a gente que legalmente ha obtenido sus permisos.
Y en aquellas urbanizaciones que tienen alcantarillado, luz agua iluminacion telefono etc, como es el caso de Benirras, y la gente tiene su Licencia legalmente obtenida y pagada, ¿ les van a arreglar esa situacion, o van a seguir los politicos puteando a esta gente?.