Una de cal y otra de arena. El dictamen del Consell Consultiu sobre el proyecto de Llei d’Habitatge que se aprobó a última hora del viernes señala como inconstitucional el artículo 22 del texto –al colisionar con la Ley del Sector Financiero estatal–, que obligaba a las entidades financieras a ofrecer en alquiler social los inmuebles como alternativa al desalojo por desahucio en el caso de que se tratase la vivienda habitual. Por contra, el mismo órgano considera factible y dentro de los principios constitucionales otro de los preceptos del futuro texto legislativo, el que señala como obligatorio que los grandes tenedores de viviendas –bancos y promotores– cedan al Govern los inmuebles que llevan más de dos años vacíos para poder ofrecerse como alquiler social.
El Consell Consultiu aprueba que los bancos tengan que ceder sus pisos
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